El Pregonero, Santo Domingo.-En los últimos días, la propuesta del estado dominicano, en alianza con el sector privado, para abaratar los costos de producción de asfalto ha generado un intenso debate. El proyecto busca extraer tosca seca en Plaza Cacique y otras áreas cercanas para avanzar en la construcción y ampliación de carreteras como la vía Cevicos-Don Juan-Cruce de Pajón, y otras que mejorarían la infraestructura vial en la provincia. La iniciativa ha recibido apoyo de algunos sectores, pero también ha enfrentado la oposición de grupos preocupados por el impacto ambiental.

Los defensores del proyecto cuestionan el discurso de protección ambiental en Plaza Cacique, señalando que esta misma mina ya fue utilizada hace años para la construcción de carreteras que beneficiaron a las comunidades locales. Sostienen que, si se hubiera prohibido la explotación minera desde un principio, habría representado un sacrificio significativo, incluso para las necesidades viales de esas comunidades.

Para algunos, la oposición a esta extracción revela un doble discurso: “Si es para mi comunidad, está bien; si es para otras, no”. Este enfoque, según ellos, no contribuye a una discusión coherente, sino que mezcla intereses personales y comunitarios con argumentos medioambientales. Además, argumentan que ciertos sectores han intentado darle una connotación religiosa a la oposición, lo cual consideran inapropiado, ya que el cristianismo, en su esencia, no debería usarse como herramienta de lucha para asuntos de gestión ambiental.

La verdadera dirección de esta discusión debería basarse en la ciencia y en el rol de las instituciones de gestión ambiental. Estas instituciones tienen la responsabilidad de utilizar el conocimiento científico para equilibrar el uso de recursos naturales de manera que no pongan en riesgo el ecosistema y el bienestar de las comunidades. Para asegurar un desarrollo sostenible, debemos confiar en las evaluaciones científicas y en las decisiones de las autoridades competentes, evitando la influencia de ideologías o discursos populistas.

El estado dominicano, en su compromiso con los derechos de todos los ciudadanos, tiene la facultad de usar sus recursos naturales para mejorar la calidad de vida en el país. Esta visión incluye los derechos ambientales, empresariales y, ante todo, los derechos humanos, los cuales deben coexistir en armonía.

Es vital que el debate sobre los recursos naturales no se gestione exclusivamente desde la fe ni con discursos polarizantes, sino con un enfoque basado en la ciencia, la responsabilidad y el respeto a las competencias de las autoridades estatales en la gestión ambiental.