La Cámara de Cuentas de la República Dominicana es el órgano constitucional encargado de auditar y fiscalizar el uso de los recursos públicos. Su función principal es garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión del Estado. Sin embargo, en los últimos años, esta institución ha demostrado ser un ente más de burocracia inoperante que una verdadera herramienta de control.
El informe presentado por la Cámara de Diputados el 10 de julio de 2023 confirmó lo que muchos sospechaban: la Cámara de Cuentas no está cumpliendo con su papel. En cuatro años, solo ha emitido diez auditorías, un número irrisorio frente a la cantidad de instituciones que manejan fondos públicos y que requieren supervisión constante. ¿Cómo es posible que en un país donde la corrupción es una preocupación recurrente, el órgano responsable de prevenirla y detectarla sea incapaz de actuar con la celeridad y el rigor necesarios?
Los hallazgos del informe de la Cámara de Diputados son alarmantes:
• Ejecución presupuestaria deficiente: En 2021, la Cámara de Cuentas solo utilizó el 54% de los RD$1,674 millones asignados, dejando sin ejecutar más de la mitad del dinero destinado a fiscalizar el Estado.
• Retraso en las auditorías: De 79 auditorías planificadas para 2021, solo se realizaron 10. En 2022, de 88 auditorías programadas, apenas se concluyeron dos.
• Ocultamiento de informes críticos: El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, archivó 10 auditorías con hallazgos importantes, incluyendo investigaciones sobre el Ministerio de Energía y Minas, el Ayuntamiento de Villa Altagracia y la Federación Dominicana de Ajedrez.
• Conflictos internos y mala administración: La falta de cohesión dentro del pleno del organismo ha generado una parálisis administrativa, además de denuncias por violaciones a la Constitución y manejo indebido de fondos públicos.
Estos hechos no son solo señales de ineficiencia, sino de un profundo problema de institucionalidad. La Cámara de Cuentas no puede ser un ente decorativo ni un refugio para la incompetencia. Su inoperancia no solo afecta la lucha contra la corrupción, sino que deja al país sin herramientas para garantizar la rendición de cuentas.
Pero más allá de la crisis que enfrenta esta entidad, hay una pregunta que debemos hacernos como sociedad: Si la Cámara de Cuentas fiscaliza al Estado, ¿quién fiscaliza a la Cámara de Cuentas? Porque aunque estos hallazgos llevaron a la Comisión Especial a recomendar un juicio político contra los actuales miembros de la Cámara de Cuentas por violaciones a la Constitución y malas prácticas administrativas, se ha quedado en letra muerta y no creemos que sea posible llevarlas a la vida y para muestra un botón el informe tiene casi dos años, sin embargo las autoridades fueron mantenidas en sus cargos y nada cambió a pesar de las contínuas denuncias al respecto.
Es evidente que los actuales mecanismos de supervisión no han funcionado. Dejar en manos del Congreso la tarea de vigilar a este organismo ha demostrado ser insuficiente. Se necesita un modelo de control que garantice la independencia del ente auditor, pero que, al mismo tiempo, lo obligue a rendir cuentas de su propio desempeño.
El llamado es claro: es momento de exigir que la Cámara de Cuentas funcione como se debe. No basta con destituir a sus miembros si no se generan cambios estructurales que impidan que la historia se repita. Se requiere una reforma que establezca sanciones reales para quienes obstaculicen la labor fiscalizadora y que cree mecanismos de control más efectivos sobre el propio órgano auditor. Ahora con el nuevo grupo que entrará cabe preguntarse si estos males continuarán y quién les pondrá límites.
La transparencia y la lucha contra la corrupción no pueden ser solo discursos. Si realmente queremos un país donde el dinero público se maneje con responsabilidad, debemos garantizar que los organismos encargados de fiscalizarlo cumplan con su deber. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a exigirlo?
