Dos escenarios, dos narrativas oficiales, una misma sombra institucional
Por Lic. Luis Ma. Ruiz Pou
Santiago: el crimen bajo uniforme El 10 de septiembre de 2025, cinco hombres fueron abatidos dentro de una barbería en La Barranquita, Santiago de los Caballeros. Antes de que se iniciara cualquier investigación, la primera versión la ofreció el vocero de la Policía Nacional que los etiquetó como delincuentes: robo, tráfico de armas, drogas. Al ser sorprendido, se produjo un “intercambio de disparos”. ¡Pero las balas no se cruzaron! Porque los asesinados no hicieron un solo disparo.
Sin embargo, las pesquisas del Ministerio Público revelaron otra historia: los agentes de la La Dirección Central de Investigación (DICRIM), una dependencia orgánica de la Policía Nacional. llegaron con información sobre un canje ilegal de una pistola por un fusil AR15 y prendas de oro. No hubo enfrentamientos. Hubo ejecución. Once agentes fueron arrestados por homicidio voluntario y asociación de malhechores. ¡Fue una ejecución extrajudicial! (Fiscal Wilson Camacho).
Desaparecen los testigos
Las cámaras de seguridad fueron arrancadas. Los celulares de testigos, confiscados. El departamento de homicidios nunca levantó pruebas. ¿Por qué? Porque los autores del crimen vestían el mismo uniforme que los encargados de investigar acompañados por el Ministerio Público. Nunca levantaron pruebas en el lugar, pese a la gravedad del hecho. El uniforme, que debería proteger, se convirtió en blindaje para la impunidad. Como suele decirse: “Entre bomberos no se pisan la manguera” y “entre gitanos no se leen las cartas”.
Michigan: el agresor era el Estado
El 28 de septiembre, en Grand Blanc, Michigan, la información original de la policía fue que, Thomas Jacob Sanford embistió su camioneta contra una iglesia mormona, abrió fuego con un rifle de asalto y luego incendió el templo. Cuatro personas murieron, ocho resultaron heridas. La escena parecía la de un lobo solitario, un veterano perturbado. Pero la sorpresa vino después.
Sanford murió en un tiroteo con la policía. Las investigaciones revelaron que varios disparos atribuidos inicialmente al agresor fueron realizados por agentes locales durante la intervención. El atacante existía, sí. Pero la magnitud del daño fue amplificada por quienes debían contenerlo.
Similitudes que incomodan
En ambos casos, la versión oficial fue inmediata, cerrada y falsa. En ambos casos, los agentes del orden manipularon la escena: en Santiago, arrancando cámaras; en Michigan, disparando más de lo que reconocieron. En ambos casos, la verdad vino después, empujada por testigos, familiares y periodistas.
¿Cómo se explica que voces con trayectoria repitan sin cuestionar versiones oficiales que luego se desmoronan? Hoy, las narrativas falsas no solo encubren a los responsables: también erosionan la confianza pública y la memoria de las víctimas.
¿Y las diferencias? No están en el número de muertos, ni en el continente. Están en la capacidad de la sociedad para exigir verdad. En Michigan, el FBI asumió la investigación. En Santiago, fue el Ministerio Público quien enfrentó a sus propios agentes. En ambos casos, el Estado fue el agresor.
