Por Nena Rodriguez
El Pregonero, Santo DomingO – El analista político Kalil Michel Presbot consideró que la sentencia de primera instancia dictada contra el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Adán Cáceres Silvestre, trasciende la responsabilidad individual del exfuncionario y constituye una condena política al gobierno encabezado por Danilo Medina.
Presbot sostuvo que el fallo judicial tiene implicaciones directas sobre la narrativa política que ha venido impulsando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización que, según afirmó, ha buscado reposicionar la figura de Medina y reivindicar su gestión de gobierno.
«El fallo de Cáceres deja al PLD jodío. La responsabilidad de Cáceres a nivel penal es una responsabilidad colectiva traducida en un tema personal. La condena de Cáceres no es solamente a Cáceres, es al gobierno de Danilo».
El comentarista señaló que la organización política ha intentado presentar los gobiernos peledeístas como una etapa en la que «se vivía mejor», utilizando tanto la figura del expresidente Medina como la gestión del PLD como elementos centrales de su discurso político.
Sin embargo, argumentó que las condenas y procesos judiciales derivados de los casos de corrupción administrativa afectan directamente esa estrategia.
Presbot destacó que, además de la sentencia de 20 años impuesta a Cáceres en primera instancia, otros exfuncionarios vinculados al caso también recibieron condenas significativas, lo que, a su juicio, fortalece la percepción de responsabilidad institucional.
«Cuando usted suma las condenas y los acuerdos de culpabilidad de distintos funcionarios, evidentemente estamos hablando de un gobierno condenado», manifestó.
Consideró que las decisiones judiciales representan una reivindicación para el Ministerio Público y para los equipos que han encabezado las investigaciones de presuntos actos de corrupción en los últimos años.
El analista planteó interrogantes sobre el nivel de conocimiento y supervisión que existía dentro de la administración de Medina respecto a las irregularidades detectadas por las autoridades, cuestionando si estos hechos pudieron ocurrir sin algún grado de complicidad o falta de control institucional.
Finalmente, sostuvo que la sentencia coloca al PLD en una posición políticamente compleja de cara a futuros procesos electorales.
«¿Puede el PLD seguir reivindicando el gobierno de Danilo como elemento de disuasión política y electoral? Esa es la gran pregunta».
