@abrilpenaabreu
En República Dominicana, el debate no debería centrarse en si una persona con un trastorno mental puede o no ser considerada inimputable. La ley lo contempla, la ciencia lo respalda y la justicia lo reconoce.
El verdadero problema es otro: ¿por qué algunos reciben ese trato y otros no?
Porque mientras un caso reciente sacude la opinión pública con una decisión judicial que acoge un diagnóstico psiquiátrico, hay una realidad mucho más incómoda y menos visible: cientos de personas con condiciones mentales permanecen encarceladas en el país sin el mismo tratamiento ni las mismas garantías.
Los números son contundentes, en el sistema penitenciario dominicano hay al menos 436 internos diagnosticados con trastornos mentales, pero solo unos 125 reciben atención en pabellones especializados; el resto permanece en cárceles comunes, muchas veces sin tratamiento adecuado .
Peor aún: informes del Defensor del Pueblo indican que alrededor del 20% de la población penitenciaria sufre problemas de salud mental, en un sistema ya sobrecargado y sin capacidad real para atenderlos .
Y esto no es un dato frío, es una contradicción estructural.
Porque el Estado dominicano, en la práctica, mezcla en las mismas cárceles a personas sanas, enfermas y en crisis, en condiciones donde el tratamiento psiquiátrico es limitado o inexistente .
Es decir: reconoce el problema… pero no lo resuelve.
Aquí es donde la discusión se vuelve incómoda. Cuando un tribunal libera a una persona alegando incapacidad mental, no está necesariamente violando la ley.
El problema es que esa misma lógica no se aplica de forma uniforme.
Porque hay personas con diagnósticos similares que: pasan meses o años en prisión preventiva,no reciben tratamiento especializado,
y ni siquiera son evaluadas a tiempo. Eso no es justicia. Eso es inconsistencia.
Y en un país donde más del 60% de los internos están en sistemas tradicionales con hacinamiento y limitaciones estructurales , la pregunta es inevitable:
¿la diferencia la marca el expediente… o el entorno social del imputado?
Este caso también desnuda otra verdad más profunda: República Dominicana no tiene un sistema preparado para manejar la salud mental dentro del ámbito penal.
No hay suficientes centros especializados.hay personal suficiente (menos de 100 profesionales para todo el sistema, según reportes recientes).
No hay una red que garantice tratamiento continuo antes, durante y después del proceso judicial.
Y eso genera un círculo peligroso: personas enfermas terminan en prisión, no reciben tratamiento adecuado, el sistema judicial actúa de forma desigual, la sociedad pierde confianza.
El caso que hoy genera indignación no es una anomalía, es un espejo, uno que refleja: una justicia que aplica criterios sin coherencia visible,
un sistema penitenciario que no sabe qué hacer con la enfermedad mental, y un Estado que llega tarde… o no llega.
Porque aquí no se trata de defender o condenar una decisión puntual, se trata de algo más grande: si la enfermedad mental es un criterio válido para la justicia, debe serlo para todos y si el Estado no puede garantizar eso, entonces no está administrando justicia… está improvisando.
