Por Lic. Luis Ma. Ruiz Pou
La justicia es un principio moral que busca la equidad, dar a cada quien lo que le corresponde y lograr el bien común mediante el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Es honradez, imparcialidad, y voluntad constante de actuar rectamente. Pero en República Dominicana, ese principio se desfigura cuando el Estado, que debería garantizar, lo viola sistemáticamente convirtiendo la Ley en letra muerta.
La injusticia se manifiesta como un trato desigual o indebido, como el abuso, la negligencia o la mala conducta que no es corregida o sancionada. Puede referirse a situaciones específicas o a sistemas más amplios, y es un sentimiento humano universal que a menudo impulsa a la acción para defender derechos y la equidad. Una justicia tardía no solo es injusticia: es complicidad institucional.
La Constitución establece que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez en un plazo no mayor de 48 horas. Es un límite que protege contra el abuso, la arbitrariedad y la detención sin causa. Sin embargo, en la práctica, este plazo se convierte en ficción. Miles de ciudadanos son privados de libertad sin cargos, sin audiencia, sin defensa. El reloj constitucional se detiene en los pasillos de las fiscalías, en los calabozos improvisados, en las excusas burocráticas.
El resultado de esta justicia tardía es una sobrepoblación carcelaria que no responde al castigo del delito, sino al descuido del derecho. Más del 60% de los internos en el país están bajo detención preventiva. Muchos de ellos no han sido acusados formalmente, y algunos llevan años esperando una audiencia que nunca llega. Según cifras de Diario Libre, en cárceles como La Victoria, diseñada para 2,100 personas, hay más de 7,000 internos. Cuatro mil duermen en el suelo o junto a baños desbordados.
Según el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, el sistema judicial recibe más de 30 mil casos penales al año, sin contar con suficientes tribunales para conocerlos. Esta violación del plazo de 48 horas no es solo una falla técnica: es una injusticia estructural. Es el Estado convirtiendo la espera en castigo, la negligencia en condena. Es la justicia que llega tarde, mal o nunca. Y como bien se ha dicho, una justicia tardía es una forma refinada de injusticia.
Pero detrás de cada cifra hay un rostro: jóvenes que nunca fueron juzgados, madres que esperan sin respuestas, vidas que se marchitan en el limbo legal. La cárcel deja de ser espacio de rehabilitación y se convierte en depósito humano. Y mientras tanto, el sistema sigue promoviendo detenciones preventivas como si fueran solución, cuando en realidad son parte del problema.
La justicia no puede ser selectiva ni tardía. No puede ser privilegio de unos y castigo de otros. Si el Estado no respeta sus propios plazos, ¿cómo puede exigir respeto a la ley? Si la prisión preventiva se convierte en rutina, ¿qué queda del debido proceso? El país necesita una reforma judicial que no solo cambie leyes, sino que transforme prácticas. Que devuelva al tiempo su valor legal. Que entienda que cada hora de detención injusta es una herida a la democracia.
Para el descongestionamiento de las cárceles, debemos de implementar: “Tribunal Penal Móvil” (TPM). Cada tribunal se trasladaría hacia los recintos carcelarios con mayor cantidad de imputados preventivos con los jueces, fiscales, secretarios y abogados, los fines de semanas con un personal designado para tales fines. ¿Qué logramos con eso? A parte del descongestionamiento, bajar los costos judiciales como: traslado de los preventivos, seguridad y puntualidad y, del inicio de la audiencia.
El Tribunal Penal Móvil no es solo una solución logística: es una forma de devolverle al tiempo su valor legal, y al detenido su dignidad. Es reconocer que la justicia no puede esperar, y que cada audiencia postergada es una deuda con la equidad.
