Por Liza María Martínez
El Pregonero, Santo Domingo. – El abogado José Hoepelman expresó su preocupación por la falta de reacción de distintos sectores del país ante la próxima entrada en vigencia del nuevo Código Penal, al considerar que, a pocas semanas de su implementación, el debate público ha disminuido considerablemente.
Durante una entrevista, Hoepelman afirmó que el principal problema no son únicamente las recientes sentencias por difamación, sino el silencio que, a su juicio, predomina frente a los cambios que traerá la nueva legislación.
«Lo realmente preocupante desde mi óptica es que, al día de hoy, a menos de 30 días de la entrada en vigencia de este nuevo Código, la mayoría está calladita, sin hacer nada. Esa es la gran preocupación», manifestó.
Al ser consultado sobre si las recientes condenas por delitos de difamación buscan enviar un mensaje a la sociedad de cara a la entrada en vigor del Código, el jurista respondió que el proceso penal no debe utilizarse con ese propósito.
«A los que estudiamos realmente el derecho y su filosofía como ciencia social nos da vergüenza escuchar cada vez que se utiliza un caso para dar ejemplos. Los casos son para aplicar la ley», sostuvo.
Hoepelman señaló que en el país han existido procesos por delitos de la palabra de mayor gravedad que no recibieron sanciones similares, por lo que advirtió que las decisiones judiciales deben estar fundamentadas en el derecho y no en la intención de enviar mensajes ejemplarizantes.
Asimismo, consideró que, si ese criterio prevalece, existe la posibilidad de que instancias judiciales superiores revisen y anulen algunas de esas decisiones.
Finalmente, el abogado advirtió sobre los riesgos de aceptar sin cuestionamientos las actuaciones del Estado y recordó que el derecho penal tiene como finalidad limitar el poder punitivo estatal y proteger las libertades de los ciudadanos.
«Mientras sigamos aplaudiéndole todas las majaderías al gobierno y al Estado, la libertad de los ciudadanos va reduciéndose. El derecho penal está ideado para controlar el poder punitivo del Estado», concluyó.
