Por Jorge Lendeborg
La tragedia ocurrida en el centro nocturno Jet Set, que dejó un saldo devastador de 233 víctimas mortales, ha marcado profundamente a la sociedad dominicana. Pero más allá del impacto emocional y social, comienza a emerger un nuevo frente: el judicial. A medida que se inicia el proceso penal en la República Dominicana, se multiplican las dudas sobre la efectividad del sistema para garantizar una verdadera sanción a los responsables.
Distintas fuentes legales coinciden en que, incluso si se logra una condena penal, el castigo difícilmente superaría los dos años de prisión, con altas probabilidades de convertirse en prisión domiciliaria. El historial procesal del país y las maniobras dilatorias habituales abren la puerta a un desenlace previsible: una sentencia leve, sin cumplimiento efectivo.
En el plano civil, el panorama no es más alentador. Los responsables no han mostrado intención alguna de ofrecer compensaciones económicas a las familias afectadas.
Todo apunta a que se invocará el “velo corporativo” para proteger el patrimonio de los dueños, respaldados por seguros cuya cobertura real aún es incierta. En ese contexto, las demandas podrían prolongarse por años sin resultados concretos.
Sin embargo, una nueva posibilidad comienza a tomar fuerza: el sistema judicial de los Estados Unidos. Informes obtenidos por este medio indican que Antonio Espaillat, propietario del Jet Set, es ciudadano estadounidense y mantiene inversiones millonarias en ese país.
Este hecho, por sí solo, abre una vía legal potente: la posibilidad de que las víctimas, no solo ciudadanos norteamericanos, sino también dominicanos presenten demandas civiles en cortes de EE.UU.
Contrario a la percepción común, las cortes estadounidenses no están reservadas únicamente para sus ciudadanos. Cualquier persona, incluido dominicanos, pueden presentar una demanda civil si logra demostrar que el sistema judicial de su país no garantiza una reparación efectiva, y que existió negligencia grave y documentada por parte del demandado.
En este tipo de litigios internacionales, los tribunales estadounidenses evalúan si existe jurisdicción suficiente con base en el domicilio, la nacionalidad y los bienes del demandado. Además, si se demuestra que el sistema dominicano carece de independencia o eficacia en casos de alto perfil, puede superarse la figura legal del forum non conveniens, que usualmente se invoca para rechazar casos extranjeros.
Existen precedentes contundentes. Uno de los más emblemáticos es el caso del vuelo Pan Am 103, conocido como Lockerbie, en el que 270 personas murieron tras la explosión de un avión sobre Escocia. Las familias de las víctimas demandaron al Estado de Libia ante cortes estadounidenses, y el resultado fue un acuerdo por 2.700 millones de dólares.
Este caso dejó claro que hechos ocurridos fuera del territorio de EE.UU. si afectan a ciudadanos norteamericanos o involucran a responsables con vínculos en EE.UU.—pueden ser juzgados y sancionados civilmente en ese país.
Aplicado al caso del Jet Set, este precedente cobra relevancia inmediata. Hay víctimas con ciudadanía estadounidense, otras con familiares directos en ese país, y un presunto responsable con residencia, ciudadanía y bienes en suelo norteamericano. De prosperar una demanda, las consecuencias serían profundas: en Estados Unidos no operan los apellidos, ni los padrinos, ni los arreglos políticos.
Solo cuenta la evidencia. Y si se prueba negligencia, la condena económica podría superar los 100 millones de dólares, con ejecución real sobre propiedades tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana.
La historia aún no ha terminado. La justicia dominicana parece estar atrapada en sus propias limitaciones. Pero en el sistema legal estadounidense, existe una ventana que podría convertirse en la única vía efectiva para obtener verdad, justicia y reparación.
