Por Basilio Florentino Morillo / Investigador y profesor de ética la UASD.
La discriminación ha sido un concepto muy utilizado en la literatura universal desde la acepción negativa. A sí se ha hablado, en primer lugar, de discriminación racial, de género, de religión, de cultura, ideología y tantas otras. Sin embargo, en un segundo lugar, también el término tiene su significado positivo, cuando se emplea, justamente, para identificar y ayudar a quienes se sienten en esa condición. Por ejemplo, podemos hablar de un estudio poblacional para identificar a grupos humanos marginados de educación, del uso de agua potable, de electricidad, de caminos asfaltados, o bien, sobre grupos que tienen una situación física especial, poblaciones sordas, impedidos físicos, no videntes, entre un largo etcétera. Una vez identificados estos grupos desfavorecidos y en franca desventaja con respecto a los demás colectivos humanos, entonces, se diseñan y se implementan proyectos de desarrollo para beneficiarlos y aproximarlos a mejores condiciones de vida, en función de las características discriminatorias que les afecten.
Cuando nos referimos a la investigación para una educación compensada, nos estamos refiriendo a estudios discriminatorios en el segundo sentido que hemos descrito anteriormente, entendida este tipo de educación como “aquélla que se dedica a los alumnos cuya desventaja social hace que acumulen un retraso escolar considerable”, según José Ignacio Gómez (https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/93622/00620093000005.pdf?sequence=1). Este tipo de educación también recibe los nombres de educación inclusiva, para la equidad, para la diversidad entre otros tantos conceptos cercanos.
Como es de conocimiento de cotidiano, el mundo ha sido víctima de la última gran pandemia jamás conocida por la generación actual, que ha provocado los mayores niveles de confinamiento nunca vistos en tiempos modernos. Nos referimos a la pandemia de la COVID-19, provocada por el virus SARS-CoV-2. Frente a esta emergencia sanitaria, los sistemas educativos, se vieron obligados a implementar estrategias de educación a distancia masificada que, en el caso del contexto de la República Dominicana, no había sido pensada. Fue puesta en funcionamiento la educación por televisión, Internet y radio, así como un gran plan de capacitación para sus usos. El Estado dominicano hizo y sigue realizando ingentes esfuerzos para que dicha educación tenga los niveles de calidad requeridos, pero aún no se disponen de estudios que describan qué tan inclusiva ha sido la educación en estas nuevas modalidades en el presente año escolar. Solo se puede afirmar, en sentido general, que el país no cuenta con señal wifi universal, según el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones –INDOTEL- (https://www.diariolibre.com/actualidad/tecnologia/en-el-pais-solo-un-67-de-la-poblacion-tiene-conectividad-de-cierta-calidad-GB22239078); pero, tampoco todos los hogares tienen computadoras, televisores o radios (https://www.diariolibre.com/economia/en-la-republica-digital-el-137-de-la-poblacion-de-5-anos-y-mas-posee-al-menos-una-computadora-NC16274669). Por lo que es lógico afirmar que los niños y niñas de esos hogares pueden estar en franca desventaja con respecto a los otros que sí los tienen.
Hoy día, desde el Ministerio de Educación se anuncia el retorno a clases de manera escalonada y gradual (https://eldia.com.do/minerd-anuncia-reinicio-clases-semi-presenciales-a-partir-del-6-de-abril/), gracias a la existencia de las vacunas y a una realidad sanitaria que poco a poco, parece, irá retornando a la normalidad, si las nuevas variantes del virus suelen ser más benignas. Niños y niñas volverán a los espacios educativos de forma presencial. Allí se aglomerarán los que han tenido los recursos y los que no para acceder a una educación igualitaria. Por lo tanto, la investigación educativa debe orientarse a la detección de esa nueva realidad, para identificar a los niños y niñas que están en condiciones de desventajas, con la finalidad de ofrecerle al sistema información oportuna, para la implementación de una educación compensatoria que le permita a esta niñez, en un tiempo prudente, estar en condiciones de aprendizajes similares, o por lo menos, próximas a las de la población más favorecida social y económicamente. De esa forma, se estará construyendo una ciudadanía inclusiva, equitativa y humana, que es justamente, el compromiso del Estado con el derecho universal a la educación.
