Denny Agramonte
La humanidad ha alcanzado una paradoja que merece ser examinada sin ingenuidad: mientras desarrolla tecnologías capaces de ejecutar operaciones intelectuales cada vez más complejas, corre el riesgo de atrofiar, por comodidad, las facultades que hicieron posible su creación.
La inteligencia artificial no representa únicamente una revolución informática; constituye una fuerza de perturbación económica, política, pedagógica y antropológica cuyos efectos podrían modificar profundamente la relación del individuo con el conocimiento, el trabajo, la verdad y su propia autonomía.
El entusiasmo que acompaña a esta innovación suele presentar la automatización como una promesa de liberación: menos esfuerzo, mayor productividad, respuestas inmediatas y acceso prácticamente ilimitado a la información.
Sin embargo, detrás de esa narrativa optimista se oculta una interrogante incómoda: ¿qué ocurre cuando la comodidad tecnológica comienza a sustituir el esfuerzo intelectual, cuando la eficiencia empresarial se impone sobre la estabilidad laboral y cuando unas cuantas corporaciones adquieren una capacidad extraordinaria para intervenir en la producción y circulación del conocimiento?
El problema no consiste en rechazar la investigación científica ni en alimentar temores infundados ante las máquinas. Consiste en reconocer que ninguna tecnología es socialmente inocua. Sus consecuencias dependen de las estructuras económicas que la impulsan, de los intereses que orientan su desarrollo y de la capacidad de las instituciones para impedir que la innovación se convierta en un mecanismo de subordinación.
La inteligencia artificial puede ampliar las facultades humanas. También puede facilitar su abandono. Entre ambas posibilidades se encuentra una disputa cuyo desenlace no está garantizado.
La erosión de la autonomía intelectual
Uno de los riesgos más inquietantes de la inteligencia artificial generativa es la posibilidad de que transforme el aprendizaje en una actividad de consumo pasivo. El estudiante que delega sistemáticamente sus ensayos, el profesional que renuncia a elaborar sus propios argumentos y el ciudadano que acepta una respuesta automatizada sin verificarla pueden terminar adquiriendo información sin desarrollar una comprensión proporcional de aquello que reciben.
Esta diferencia resulta esencial. Poseer una respuesta no equivale a comprender el problema; reproducir un argumento no significa haberlo examinado; disponer de una explicación convincente tampoco garantiza que esta sea verdadera.
El pensamiento riguroso requiere operaciones que no pueden reducirse a la recepción de resultados: formular interrogantes, contrastar hipótesis, identificar contradicciones, evaluar fuentes, reconocer falacias y revisar las propias convicciones.
Tales capacidades se fortalecen mediante la práctica sostenida, la lectura atenta, la escritura y el enfrentamiento con problemas que no admiten soluciones inmediatas.
Cuando una herramienta ejecuta habitualmente esas operaciones en lugar de su usuario, surge el riesgo de una dependencia cognitiva. La persona puede conservar la apariencia de competencia mientras pierde oportunidades de ejercitar las facultades necesarias para desenvolverse sin asistencia.
No sería científicamente riguroso afirmar que todo uso de inteligencia artificial deteriora el pensamiento. Sus efectos dependen de la finalidad, la frecuencia, el contexto y la manera en que se integra a las actividades humanas.
La preocupación reside en el uso sustitutivo: aquel que no complementa el razonamiento, sino que lo desplaza.
La consecuencia más grave podría ser una sociedad extraordinariamente equipada para obtener respuestas y progresivamente menos preparada para formular preguntas relevantes.
La paradoja es evidente: cuanto más fácil resulta producir un texto, menos garantía existe de que detrás de él haya investigación; cuanto más accesible se vuelve la explicación, menos certeza tenemos de que el receptor haya comprendido; cuanto más sofisticada parece una respuesta, mayor puede ser la tentación de suspender el juicio crítico.
La educación corre así el peligro de confundir desempeño con aprendizaje y fluidez verbal con inteligencia. Una tarea impecablemente redactada puede ocultar una ausencia casi absoluta de elaboración personal.
La UNESCO, en sus orientaciones sobre inteligencia artificial generativa en la educación y la investigación, ha advertido sobre la necesidad de proteger la autonomía humana, la privacidad y la equidad educativa, además de revisar los métodos tradicionales de enseñanza y evaluación. Su advertencia apunta a un problema fundamental: la tecnología no debe usurpar las facultades intelectuales cuyo desarrollo constituye precisamente la finalidad del aprendizaje.
El trabajador frente a la eficiencia algorítmica
La segunda gran amenaza se manifiesta en el terreno económico. La automatización promete reducir costos, acelerar procesos y elevar la productividad. Para las empresas, estos objetivos resultan comprensibles. Para los trabajadores, sus consecuencias pueden ser mucho menos favorables.
Cuando una organización descubre que determinados servicios pueden prestarse con menos personal mediante sistemas automatizados, aparece un incentivo para reducir contrataciones, reorganizar departamentos, contener salarios o trasladar a los empleados tareas adicionales sin una compensación proporcional.
La cuestión no se limita a la desaparición completa de ocupaciones. También comprende la degradación de las condiciones laborales, la pérdida de autonomía profesional y la intensificación de los mecanismos de supervisión.
Un trabajador sometido a métricas algorítmicas puede terminar obligado a adaptar cada movimiento a parámetros de rendimiento establecidos por sistemas cuya lógica desconoce.
Su experiencia, su criterio y su capacidad de decisión quedan subordinados a indicadores cuantitativos que no necesariamente representan la complejidad de su desempeño.
La eficiencia, convertida en principio absoluto, puede despojar al trabajo de su dimensión humana y reducir al empleado a una variable susceptible de optimización.
La Organización Internacional del Trabajo, en su actualización de 2025 sobre inteligencia artificial generativa y empleo, estimó que aproximadamente una cuarta parte de los trabajadores del mundo se encuentra en ocupaciones con algún grado de exposición a esta tecnología.
El estudio señala que la transformación de los puestos resulta, en términos generales, más probable que su desaparición completa. Esta precisión no elimina la preocupación: indica que millones de personas podrían experimentar modificaciones sustanciales en sus funciones y condiciones profesionales.
El verdadero interrogante es quién recibirá los beneficios de esa transformación.
Si la productividad aumenta, pero sus ganancias se concentran en los propietarios de las plataformas, los inversionistas y las empresas que controlan la infraestructura tecnológica, el progreso agregado podría coexistir con una mayor desigualdad distributiva. La economía produciría más valor sin garantizar que quienes contribuyen a generarlo participen equitativamente de sus resultados.
No existe una ley económica que obligue a distribuir de manera justa los beneficios de la innovación. Esa distribución depende de las instituciones, la legislación laboral, la competencia empresarial, la negociación colectiva y las decisiones políticas.
Por eso, presentar la inteligencia artificial como una mejora universal del bienestar constituye una simplificación interesada. Una innovación puede ser extraordinariamente rentable para sus propietarios y profundamente desestabilizadora para determinados sectores sociales.
La pregunta no es únicamente cuánto producirá una máquina. También debemos determinar cuántas personas perderán capacidad de negociación, quién asumirá el costo de la transición y qué mecanismos impedirán que la eficiencia de unos se financie mediante la inseguridad de otros.
El poder concentrado en unas cuantas corporaciones
La inteligencia artificial contemporánea requiere inversiones cuantiosas, infraestructuras de procesamiento, acceso a grandes volúmenes de datos, especialistas altamente cualificados y un suministro energético considerable. Estas exigencias favorecen a las organizaciones que ya disponen de recursos financieros, capacidad tecnológica y presencia internacional.
La consecuencia es una concentración de poder que trasciende el mercado informático.
Las empresas que controlan modelos avanzados y plataformas de distribución pueden influir en la manera en que millones de personas buscan información, producen contenidos, realizan tareas profesionales y toman decisiones. Su influencia no depende exclusivamente de vender productos: también procede de ocupar posiciones estratégicas en los circuitos mediante los cuales circula el conocimiento.
Cuando una parte creciente de la actividad intelectual se desarrolla dentro de plataformas privadas, surge una cuestión democrática: ¿quién establece las reglas que condicionan ese espacio?
Las corporaciones deciden qué servicios ofrecen, qué información procesan, qué restricciones aplican y bajo qué condiciones permiten el acceso a sus herramientas. Aunque estas decisiones estén sujetas a regulaciones, la asimetría entre sus capacidades y las de muchos Estados continúa siendo significativa.
La dependencia se vuelve especialmente delicada cuando instituciones públicas, centros educativos y empresas nacionales incorporan tecnologías extranjeras sin evaluar suficientemente los riesgos de continuidad del servicio, protección de datos, interoperabilidad y costos futuros.
No se trata de sostener que toda empresa tecnológica actúa contra el interés público. Esa afirmación sería tan simplista como creer que la innovación privada produce automáticamente beneficios colectivos. Se trata de reconocer que los intereses comerciales y el bienestar social no siempre coinciden.
Una sociedad que delega funciones esenciales en infraestructuras privadas que no controla puede perder capacidad de negociación y autonomía estratégica.
La inteligencia artificial, por consiguiente, no distribuye el poder de manera automática. Puede democratizar ciertas capacidades y, simultáneamente, reforzar la dependencia respecto de quienes poseen los medios para desarrollarlas a gran escala.
La manipulación de la verdad y la fragilidad democrática
La producción masiva de contenidos sintéticos introduce otro problema de extraordinaria gravedad: la dificultad creciente para establecer qué ocurrió realmente.
La inteligencia artificial puede generar imágenes, grabaciones de voz, videos, documentos y declaraciones falsas con un grado de verosimilitud capaz de engañar a personas desprevenidas. La reducción del costo de producción de estos materiales permite que actores políticos, redes criminales, grupos de presión o individuos malintencionados amplíen sus posibilidades de manipulación.
En una campaña electoral, un video falsificado puede circular antes de que los medios de comunicación consigan verificarlo. Una voz clonada puede utilizarse para atribuir declaraciones inexistentes a un dirigente. Un conjunto de publicaciones automatizadas puede simular una indignación popular que no corresponde con la opinión real de la ciudadanía.
El daño no termina cuando se demuestra que el contenido era falso. La rectificación suele difundirse con menor intensidad que la acusación inicial, mientras la sospecha permanece en la memoria colectiva.
Existe, además, una consecuencia todavía más perniciosa: la posibilidad de que las personas comiencen a desconfiar incluso de las pruebas auténticas. Si cualquier grabación puede ser cuestionada como una fabricación, los responsables de una conducta real disponen de un argumento adicional para eludir el escrutinio público.
La tecnología puede deteriorar así dos condiciones indispensables de la democracia: la circulación de información fiable y la posibilidad de exigir responsabilidades sobre la base de evidencias.
Las Naciones Unidas han advertido sobre los efectos de la desinformación y de los nuevos riesgos asociados a los avances de la inteligencia artificial, incluidos sus impactos sobre los derechos humanos, los procesos electorales y la seguridad.
El peligro no consiste en que desaparezca toda posibilidad de conocer la verdad. Consiste en que verificarla resulte más costoso, lento y complejo que fabricar una mentira convincente.
Ante ese escenario, la alfabetización mediática, el periodismo profesional, la verificación independiente y la responsabilidad de las plataformas adquieren una importancia estratégica. La libertad de expresión necesita protección, pero también ciudadanos capaces de distinguir entre información documentada, propaganda y manipulación deliberada.
Sin estas defensas, el espacio público puede convertirse en un mercado de percepciones donde la capacidad de persuadir prevalezca sobre la obligación de demostrar.
La simulación de la inteligencia y el empobrecimiento cultural
La inteligencia artificial generativa puede redactar poemas, producir ilustraciones, componer melodías y elaborar discursos. Su capacidad para imitar convenciones expresivas plantea interrogantes sobre la autoría, la originalidad y el valor del trabajo creativo.
El problema no reside en que una herramienta participe en la producción artística. Los seres humanos han utilizado instrumentos, técnicas y procedimientos desde mucho antes de la informática. La cuestión aparece cuando la reproducción estadística de estilos se confunde con una experiencia creadora equivalente a la humana o cuando la abundancia de contenidos desplaza el reconocimiento del trabajo original.
Una obra humana puede contener las huellas de una biografía, una época, una experiencia dolorosa o una reflexión que ha exigido años de maduración. Un sistema generativo puede producir un resultado formalmente convincente sin que exista evidencia de una vivencia subjetiva equivalente detrás de él.
Esta distinción no resuelve todas las controversias estéticas, pero impide reducir la creación a la mera producción de objetos que se parecen a otros previamente existentes.
También surge un problema económico para escritores, periodistas, ilustradores, músicos y otros profesionales cuyas obras pueden utilizarse para entrenar sistemas o competir con contenidos generados automáticamente. Los debates sobre consentimiento, atribución, remuneración y derechos de autor no son cuestiones periféricas: afectan la distribución del valor dentro de la economía cultural.
El exceso de producción plantea, además, un problema de atención. Cuando millones de textos e imágenes pueden generarse con costos marginales reducidos, la abundancia deja de garantizar calidad. La circulación de contenidos aumenta, pero la capacidad humana para examinarlos continúa siendo limitada.
Podríamos terminar rodeados de mensajes impecablemente formulados y carentes de investigación, textos emocionalmente eficaces sin profundidad, imágenes atractivas sin intención artística discernible y discursos persuasivos que no comprometen a quien los produce.
La cultura corre el riesgo de transformarse en una industria de simulaciones cada vez más accesibles, mientras el trabajo lento de leer, investigar, crear y corregir pierde reconocimiento frente a la gratificación instantánea.
La cuestión decisiva no es si una máquina puede producir algo que nos conmueva. Es si una sociedad que privilegia la producción ilimitada seguirá concediendo tiempo, recursos y atención a las formas de creación que exigen experiencia, conocimiento y esfuerzo sostenido.
El costo material de la inteligencia artificial
La imagen de una tecnología inmaterial, alojada en una nube casi abstracta, oculta las condiciones físicas que hacen posible su funcionamiento.
Los modelos de inteligencia artificial necesitan centros de datos, servidores, redes de comunicación, sistemas de refrigeración y grandes cantidades de electricidad. La infraestructura digital ocupa espacio, consume recursos y exige inversiones materiales que suelen desaparecer del relato comercial sobre la innovación.
La Agencia Internacional de la Energía estimó que los centros de datos consumieron alrededor de 415 teravatios-hora de electricidad en 2024, aproximadamente el 1,5 % del consumo eléctrico mundial. La expansión de la inteligencia artificial constituye uno de los factores que impulsan la demanda de capacidad computacional y energía.
Estas cifras obligan a introducir una dimensión frecuentemente relegada del debate: el costo ambiental de la infraestructura tecnológica.
El impacto concreto varía según la eficiencia de los equipos, la fuente de electricidad, la localización de los centros de datos, las necesidades de refrigeración y el ciclo de vida de los componentes. Por tanto, sería incorrecto atribuir idéntica huella ecológica a todas las aplicaciones.
La preocupación consiste en que la expansión de los servicios digitales se produzca sin una evaluación rigurosa de su consumo de recursos y de sus beneficios efectivos. No toda operación automatizada genera suficiente valor social para justificar cualquier costo energético o material.
Una política tecnológica responsable debe evaluar la eficiencia de los sistemas, promover fuentes energéticas menos contaminantes, reducir el desperdicio computacional y exigir transparencia sobre los impactos relevantes.
El progreso no puede medirse exclusivamente por la capacidad de cálculo. También debe juzgarse por la relación entre los beneficios obtenidos y los recursos empleados para producirlos.
La República Dominicana ante una dependencia evitable
Para la República Dominicana, los riesgos de la inteligencia artificial adquieren una dimensión particular. La adopción de herramientas extranjeras puede mejorar procesos empresariales, apoyar la investigación, facilitar servicios públicos y contribuir a la competitividad. El problema aparece cuando la incorporación tecnológica avanza sin una política nacional de formación, supervisión y desarrollo de capacidades propias.
Un país que importa las herramientas, depende de plataformas ajenas, carece de suficientes especialistas y no dispone de mecanismos sólidos de protección de datos puede modernizar determinados servicios sin fortalecer proporcionalmente su autonomía.
En educación, la disponibilidad de asistentes digitales no resolverá por sí sola las deficiencias en comprensión lectora, matemáticas, formación docente o capacidad de investigación. Si los estudiantes utilizan estas aplicaciones para evitar el trabajo intelectual, la tecnología podría ocultar carencias en lugar de corregirlas.
En el mercado laboral, las empresas dominicanas podrían aprovechar la automatización para elevar su productividad. También existe el riesgo de que determinados puestos se reduzcan o transformen sin programas suficientes de capacitación y reconversión profesional.
En la administración pública, la incorporación de algoritmos sin procedimientos claros de auditoría puede introducir opacidad en decisiones que afectan derechos, prestaciones y oportunidades. Ningún ciudadano debería quedar indefenso ante una resolución automatizada que no pueda comprender, cuestionar o someter a revisión.
La respuesta dominicana requiere una estrategia que trascienda los anuncios de modernización. Hace falta fortalecer las competencias científicas y digitales, preparar docentes, promover la investigación universitaria, proteger la información personal y establecer reglas de transparencia y responsabilidad para los sistemas utilizados en funciones sensibles.
También resulta necesario identificar los sectores en los que la tecnología puede generar beneficios concretos y medibles, en vez de adoptar herramientas por presión comercial o por la apariencia de modernidad que proporcionan.
La soberanía tecnológica absoluta sería una aspiración poco realista para un país con recursos limitados. La autonomía estratégica, en cambio, es una meta razonable: disponer de conocimientos suficientes para evaluar proveedores, negociar condiciones, proteger intereses nacionales y evitar dependencias innecesarias.
La República Dominicana no necesita desarrollar todos los componentes de la inteligencia artificial mundial. Necesita impedir que la falta de preparación la convierta en receptora pasiva de decisiones tomadas fuera de sus fronteras.
La cuestión definitiva: ¿quién controla a quién?
La inteligencia artificial plantea un desafío que supera la ingeniería. Obliga a examinar los límites que una sociedad está dispuesta a establecer frente a instrumentos capaces de intervenir en el trabajo, la educación, la información y la toma de decisiones.
La automatización puede liberar tiempo, ampliar oportunidades científicas y facilitar tareas complejas. Negar esos beneficios sería tan poco razonable como ignorar los riesgos documentados. Pero el reconocimiento de sus ventajas no obliga a aceptar sin reservas las condiciones económicas y políticas bajo las cuales se desarrolla.
Una sociedad responsable debe rechazar la idea de que todo lo técnicamente posible resulta socialmente deseable. La capacidad de construir una herramienta no demuestra la conveniencia de emplearla en cualquier circunstancia. La rentabilidad de una aplicación tampoco constituye una justificación suficiente para introducirla en todos los ámbitos de la vida.
Se necesitan límites jurídicos, controles institucionales, investigación independiente y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. En determinados contextos, especialmente cuando están en juego la libertad, la seguridad o los derechos fundamentales, la decisión humana debe conservar una función sustantiva y verificable.
La inteligencia artificial no posee por sí misma la responsabilidad moral de las decisiones que ejecuta. Esa responsabilidad corresponde a las personas y organizaciones que diseñan, implementan, comercializan y utilizan los sistemas, de acuerdo con su participación, sus obligaciones y su capacidad de control.
El mayor error sería confundir la sofisticación técnica con la madurez moral. Una sociedad puede desarrollar herramientas extraordinarias y conservar profundas deficiencias en su capacidad para utilizarlas prudentemente.
La pregunta esencial, por tanto, no es cuánto puede hacer la inteligencia artificial por nosotros, sino qué estamos dispuestos a dejar de hacer por cuenta propia para obtener sus servicios.
Si delegamos la escritura sin aprender a argumentar, la información sin verificarla, las decisiones sin comprenderlas y las responsabilidades sin asumirlas, la pérdida más importante no será necesariamente económica. Será la disminución de nuestra autonomía intelectual y de nuestra capacidad para orientar conscientemente la propia existencia.
La inteligencia artificial puede terminar siendo una de las herramientas más poderosas de la historia humana. Precisamente por eso, su desarrollo exige una vigilancia proporcional a su alcance.
El verdadero peligro no consiste en atribuirle a una máquina poderes sobrenaturales ni en imaginar que inevitablemente dominará a sus creadores. Reside en algo más inmediato y menos espectacular: que los seres humanos, seducidos por la comodidad, la rentabilidad y la promesa de una eficiencia ilimitada, renuncien voluntariamente a las facultades que les permiten comprender el mundo, cuestionar la autoridad y decidir por sí mismos.
Una máquina puede producir respuestas sin asumir la responsabilidad de sus consecuencias. Puede optimizar procedimientos sin determinar si sus objetivos son justos. Puede reproducir argumentos sin demostrar que comprende su significado moral.
Por eso, el desafío de nuestra época no es construir sistemas cada vez más capaces mientras dejamos intacta nuestra propia inmadurez intelectual y política. Consiste en desarrollar las instituciones, los conocimientos y los criterios éticos necesarios para impedir que el poder tecnológico se convierta en una autoridad incuestionable.
Cuando la comodidad sustituye al esfuerzo, la eficiencia desplaza a la justicia y la automatización se utiliza para eludir responsabilidades, el progreso comienza a contradecir su propósito.
La inteligencia artificial no necesita conquistar a la humanidad para poner en peligro su autonomía. Basta con que esta última confunda la facilidad con el conocimiento, la velocidad con la sabiduría y la dependencia con el progreso.
