El Pregonero, Santo Domingo.– Pese a las recientes declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien afirmó que “en el país hay seguridad y control”, la realidad que viven miles de ciudadanos en el Gran Santo Domingo y la provincia de San Cristóbal refleja un panorama completamente distinto, marcado por el miedo, la violencia y la impunidad, a menos de un mes del doble sueldo que dará el gobierno y empresas del sector privado.
En San Cristóbal, al menos tres comerciantes han sido asesinados en lo que va de año durante asaltos a mano armada, lo que ha provocado una oleada de indignación y temor en toda la provincia.
Ante este incremento de la delincuencia, las autoridades han militarizado las principales calles y sectores, intentando contener una ola de crímenes que mantiene en vilo a los residentes.
Entre las zonas con mayor incidencia delictiva figuran los barrios Las Flores, Jeringa, 5 de Abril, Moscú, David, Cambita, Madre Vieja, así como el municipio Bajos de Haina y la autopista 6 de Noviembre, donde los asaltos y robos se registran casi a diario.
De acuerdo con testimonios de moradores, la situación se agrava por la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, el deterioro del sistema educativo y la ausencia de un patrullaje policial constante.
Algunos señalan que la destitución del coronel Frank Durán Mejía como comandante policial en la provincia habría dejado un vacío operativo que los delincuentes están aprovechando.
Uno de los casos que más ha consternado a la población fue el asesinato del comerciante Ángel Luis Abad (Papá Retro), de 35 años, quien fue baleado frente a su tienda deportiva en el sector Lavapiés durante un asalto ocurrido en agosto.
“Llegaron unos muchachos en un motor, le quitaron la cadena y le dispararon”, relató un testigo. Aunque los sospechosos fueron identificados, aún no han sido apresados, lo que ha aumentado la frustración ciudadana.
En tanto, en distintos sectores del Gran Santo Domingo, comerciantes y residentes denuncian un incremento de los atracos, robos y homicidios, principalmente en horas de la noche y la madrugada, lo que contradice el discurso oficial de seguridad.
Los comunitarios piden al Gobierno acciones más firmes y reales, que incluyan un mayor patrullaje, control de motocicletas sin registro, depuración de agentes, y sobre todo programas sociales y educativos que ataquen las causas estructurales de la delincuencia: el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades.
“Las palabras de seguridad no bastan, la gente quiere poder salir de su casa sin miedo”, expresó un comerciante del municipio cabecera, reflejando el sentimiento generalizado de impotencia ante una violencia que, lejos de disminuir, parece extenderse sin control.
