@abrilpenaabreu
Antes de comenzar el año escolar ya existían advertencias y denuncias sobre los procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar. Suplidores con experiencia, cocinas instaladas y años ofreciendo el servicio denunciaron que fueron desplazados, mientras los contratos terminaron en manos de empresas cuya capacidad operativa hoy está seriamente cuestionada.
También la Dirección General de Contrataciones Públicas advirtió sobre las llamadas “cocinas móviles” y planteó la necesidad de reforzar las verificaciones antes y después de las adjudicaciones.
El riesgo estaba identificado.
Sin embargo, el INABIE siguió adelante con un proceso que produjo 1,729 adjudicaciones para el almuerzo escolar. Después de adjudicar y con el año escolar encima, la propia institución confirmó que algunos proveedores trasladaban equipos y utensilios de una dirección a otra para aparentar que poseían cocinas debidamente instaladas.
El INABIE rechaza llamarlas “cocinas fantasmas” porque las cocinas existían. Pero cambiarles el nombre no disminuye la gravedad. No eran fantasmas: eran cocinas que caminaban de un establecimiento a otro para engañar las inspecciones.
La institución informó inicialmente la suspensión de 14 proveedores en 12 localidades. Posteriormente se comunicó la eliminación de 24 contratos: 22 correspondientes a cocinas y dos a panaderías. La decisión de cancelar contratos puede ser correcta. Pero no responde la pregunta principal: ¿cómo fueron adjudicados? Alguien evaluó las propuestas, realizó las inspecciones, firmó los informes, recomendó a los proveedores y alguien aprobó que entraran al Programa de Alimentación Escolar.
¿Cómo pudieron varios oferentes presentar los mismos equipos sin que los inspectores lo advirtieran? ¿Las cocinas fueron georreferenciadas? ¿Se levantaron inventarios individuales?
¿Se comprobaron los contratos de alquiler, las facturas y los números de serie de los equipos? ¿Se cruzaron las fotografías y los videos correspondientes a cada establecimiento? ¿O las inspecciones se limitaron a llenar formularios sin verificar realmente la capacidad operativa?
Mientras esto sucedía, proveedores con experiencia aseguran que fueron desplazados. Haber trabajado anteriormente con el Estado no concede propiedad sobre un contrato. Ningún proveedor tiene derecho automático a continuar recibiendo adjudicaciones. Pero si se retira el servicio a una empresa con una cocina instalada y experiencia verificable para adjudicárselo a otra que necesita mover equipos para aparentar capacidad, el país tiene derecho a conocer los criterios empleados.
¿Quiénes fueron los nuevos beneficiarios? ¿Cuánta experiencia acreditaron? ¿Qué contratos recibieron? ¿Cuánto dinero representan?
¿Por qué se descartaron las cocinas que ya estaban operando También se ha denunciado que 15 empresas inicialmente descalificadas habrían terminado recibiendo contratos por más de 445 millones de pesos.
Ese señalamiento debe investigarse y todavía no puede presentarse como una conclusión definitiva. Pero exige una respuesta acompañada de documentos. El INABIE debe publicar la lista de las empresas, explicar si fueron realmente descalificadas, señalar qué requisitos incumplían y demostrar cómo lograron posteriormente ser habilitadas.
Porque si oferentes descalificados terminaron adjudicados, mientras suplidores con capacidad comprobada fueron desplazados, ya no estaríamos hablando solamente de una falla de supervisión. Estaríamos ante decisiones administrativas que necesitan una investigación independiente. El Programa de Alimentación Escolar maneja decenas de miles de millones de pesos y alimenta diariamente a estudiantes que, en muchos casos, dependen de esa ración.
Esto no puede administrarse como una repartición de contratos ni como una competencia para determinar quién consigue una cocina prestada el día de la inspección. No basta con castigar al proveedor que movió los equipos. También deben establecerse responsabilidades entre quienes realizaron, certificaron y aprobaron las inspecciones.
Las cancelaciones posteriores no borran el fracaso de los controles previos.
La institución tiene que publicar las evaluaciones, los informes de inspección, las evidencias georreferenciadas, los nombres de los peritos y los criterios utilizados para cada adjudicación. La transparencia no consiste en reaccionar después de que las denuncias se hacen públicas. Consiste en impedir que estos mecanismos lleguen hasta la firma de un contrato.
Contrataciones Públicas había advertido sobre el riesgo. Los suplidores habían denunciado irregularidades. Finalmente, los hechos confirmaron que existían proveedores utilizando cocinas móviles para superar las evaluaciones. Las advertencias estuvieron ahí, lo que faltó fue escucharlas.
Ahora conocemos quiénes perdieron los contratos y cuántos fueron cancelados. Lo que todavía no sabemos es quiénes resultaron beneficiados, quién los hizo pasar y quién asumirá las consecuencias.
Porque las cocinas caminaron, los contratos cambiaron de manos y el dinero público comenzó a repartirse. La responsabilidad institucional no puede desaparecer con la misma facilidad.
