@abrilpenaabreu
La guerra en Irán ha vuelto a recordarnos una verdad incómoda que, aunque conocida, pocas veces se asume con la seriedad que merece: la República Dominicana no controla los precios de la energía que consume, pero sí sufre sus consecuencias.
El presidente Luis Abinader habló al país con un mensaje que buscó combinar serenidad con advertencia. Y lo cierto es que el contexto internacional no permite lecturas simplistas. El estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial— se ha convertido en un punto crítico, y cualquier alteración en ese flujo impacta de forma directa a economías abiertas como la nuestra.
No es un escenario hipotético, es una realidad que ya comienza a sentirse.
El petróleo, que fue presupuestado en torno a los 65 dólares por barril, se acerca a los 100. Y en un país que importa el 100 % de los combustibles, esa diferencia no es técnica: es profundamente social. Se traduce en transporte más caro, presión sobre la tarifa eléctrica y, eventualmente, en alimentos más costosos.
Ante ese panorama, el Gobierno ha optado por una estrategia que mezcla contención y prudencia: subsidios, reasignación de recursos y mantenimiento de ciertos precios clave como el del GLP. Se anuncian RD$10,000 millones para programas sociales y RD$1,000 millones para fertilizantes, en un intento por amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables.
Pero aquí es donde el discurso se vuelve más complejo —y más necesario, porque el propio presidente ha sido claro: habrá sacrificios.
Y esa es, quizás, la parte más honesta del mensaje. No se trata de una crisis generada internamente, pero sí de un choque externo cuya magnitud obliga a tomar decisiones que, inevitablemente, tendrán efectos en la vida cotidiana.
Ahora bien, el llamado a la “responsabilidad compartida” no puede quedarse en una frase. Si algo exige este momento es coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
El Estado ha asumido una carga significativa a través de subsidios millonarios, pero no puede ni debe ser el único actor en responder. El empresariado dominicano —que también se beneficia de la estabilidad macroeconómica— está llamado a hacer su parte: revisar estructuras de costos, apostar por eficiencia energética, evitar trasladar de manera automática todos los incrementos al consumidor final y explorar esquemas como el trabajo remoto o la optimización logística.
No se trata de romantizar el sacrificio, sino de distribuirlo con sentido de país, porque cuando los ajustes recaen únicamente en la ciudadanía, se rompe el equilibrio social y cuando se postergan decisiones necesarias, el costo futuro suele ser mayor.
En ese sentido, el mensaje presidencial deja una enseñanza que va más allá de la coyuntura: la urgencia de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y avanzar con mayor determinación hacia una matriz energética más diversificada y sostenible.
La República Dominicana llega a este momento con fortalezas: crecimiento económico, reservas internacionales robustas y experiencia reciente en el manejo de crisis. Pero ninguna de esas ventajas es garantía suficiente si no se acompañan de decisiones firmes y, sobre todo, de una comprensión colectiva de la magnitud del desafío.
El país no está en crisis pero sí está siendo puesto a prueba y en momentos como este, más que discursos tranquilizadores, lo que se necesita es claridad, corresponsabilidad y sentido de dirección.
Porque al final, no se trata solo de resistir el impacto…
sino de decidir qué tipo de país queremos ser cuando pase la tormenta.
