@abrilpenaabreu
Hay que actuar antes del próximo muerto
Félix Valentín Casalinovo Trinidad salió a trabajar y terminó asesinado. Tenía 48 años y se ganaba la vida como conductor de una plataforma de transporte. La Policía señala a cuatro adolescentes como participantes en el asalto que le costó la vida en Santo Domingo Este. Un trabajador muerto, una familia destrozada y cuatro adolescentes señalados por un crimen brutal.
Este caso nos obliga a mirar todo el ecosistema delincuencial: las sanciones, la prevención, la familia, la escuela, la atención en salud mental, las adicciones y el entorno donde crecen nuestros muchachos.
La legislación contempla un máximo de ocho años de privación de libertad para adolescentes de 16 y 17 años, y de cinco para los de 13 a 15. La condena dependerá de la edad y la responsabilidad individual que establezca la justicia. Pero esos límites merecen una revisión seria frente a crímenes que dejan consecuencias irreparables.
Sí, necesitamos modificar el Código del Menor. Debemos revisar la proporcionalidad de las sanciones para los delitos más graves, la respuesta ante la reincidencia y los resultados de la rehabilitación.
Pero si toda nuestra propuesta consiste en aumentar años de encierro, estaremos atendiendo apenas una parte del problema.
¿Qué hacemos antes del crimen? ¿Quién interviene cuando aparecen las primeras agresiones, las amenazas, el abandono escolar, el acceso a armas o el consumo problemático de drogas? No podemos dar por hecho cuáles fueron los antecedentes de estos adolescentes. Deben investigarse. Lo que este caso nos invita a examinar es si tenemos instituciones capaces de detectar riesgos y actuar a tiempo.
Una escuela que identifica violencia persistente necesita apoyo para intervenir. Suspender al estudiante, expulsarlo o llamar repetidamente a una familia que tampoco sabe qué hacer puede dejar el problema sin resolver. Tiene que existir una coordinación efectiva entre Educación, el Servicio Nacional de Salud y el Conani: identificar la situación, evaluar al adolescente, trabajar con su familia y dar seguimiento. Cada reporte debe tener un responsable y producir una respuesta.
La intervención tiene que llegar antes de que haya una víctima que enterrar. Las familias también deben asumir sus obligaciones. Donde haya maltrato, negligencia o tolerancia del delito, corresponde actuar. Y donde haya padres desbordados, que estén pidiendo ayuda, tiene que existir acompañamiento profesional.
Porque exigir responsabilidad familiar también obliga a preguntarnos qué herramientas tiene esa familia. Si una madre descubre que su hijo consume drogas y necesita tratamiento, ¿adónde lo lleva? Si no puede pagar atención privada, ¿qué alternativa efectiva encuentra? ¿Quién la acompaña cuando el adolescente abandona el tratamiento o vuelve al mismo entorno?
Necesitamos servicios accesibles y especializados para adolescentes, con atención ambulatoria y capacidad residencial cuando la evaluación clínica lo indique. También seguimiento, apoyo familiar y oportunidades para retomar los estudios. La salud mental debe atenderse con esa misma seriedad: profesionales disponibles, citas oportunas y continuidad. Detectar una necesidad sin poder atenderla deja a la familia prácticamente en el mismo lugar.
Eso tampoco significa confundir enfermedad mental con delincuencia, significa evaluar cada situación y ofrecer la respuesta que corresponde. Y cuando ampliamos la mirada hacia el ecosistema delincuencial, tenemos que hablar del microtráfico, de la circulación de armas y de los adultos que utilizan menores para cometer delitos.
Son problemas que deben enfrentarse por su propio peso dentro de la criminalidad. La reforma debe perseguir con firmeza a quienes reclutan adolescentes y quitarles cualquier ventaja que pretendan obtener de su edad.
También debemos mirar qué oportunidades encuentran los jóvenes en sus comunidades, qué ocurre con quienes abandonan la escuela y cómo funciona la reinserción después de una sanción. Un adolescente que sale de un centro necesita preparación y seguimiento para construir una vida distinta.
La respuesta tiene que ser integral y tener consecuencias concretas. Sanciones proporcionales. Rehabilitación efectiva. Escuelas con capacidad de activar ayuda. Familias acompañadas y responsables. Tratamiento para las adicciones. Atención en salud mental. Control de armas y persecución del microtráfico.
Félix merece justicia. Su familia merece una respuesta. Y quienes salen cada día a trabajar merecen volver vivos a sus casas.
Este crimen debe impulsarnos a actuar sobre todo lo que permite que la violencia crezca. Porque esperar al próximo asesinato para volver a discutir las mismas soluciones también tiene un costo. Y ese costo se está pagando con vidas.
