Por Alfredo de la Cruz Rijo
La crisis haitiana ha dejado de ser un problema exclusivamente interno de seguridad y se ha convertido en uno de los principales desafíos geopolíticos del Caribe. El progresivo debilitamiento institucional, la expansión de las organizaciones criminales, la incapacidad de las autoridades y de las misiones internacionales para restablecer el control territorial han creado un escenario propicio para que actores externos asuman responsabilidades cada vez más directas.
En este contexto emerge el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha proyectado su política de seguridad más allá de las fronteras nacionales.
La presencia de miles de efectivos salvadoreños en Haití representa un giro significativo en la respuesta internacional frente a las bandas armadas. Ya no se trata únicamente de cooperación técnica, sino de una participación militar con profundas implicaciones políticas, jurídicas y geopolíticas.
La pregunta central resulta inevitable: ¿estamos ante una operación de apoyo destinada a recuperar el control territorial haitiano o frente al surgimiento de una nueva modalidad de intervención internacional en el Caribe?
Responder exige examinar los antecedentes, los intereses de los actores involucrados, el marco jurídico internacional y, sobre todo, las consecuencias que esta operación podría tener para el futuro político de Haití y la estabilidad de República Dominicana.
1. El derrumbe del Estado haitiano y la internacionalización de la crisis
Para comprender el alcance de esta operación, debemos remontarnos al asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, un acontecimiento que profundizó la crisis institucional y agravó la pérdida de legitimidad que ya erosionaba al Estado haitiano.
Desde entonces, las organizaciones criminales han ampliado su control sobre barrios, carreteras y enclaves estratégicos. Algunas han evolucionado hasta convertirse en estructuras con capacidad para dominar territorios, extorsionar, secuestrar, traficar armas y establecer vínculos con determinados sectores políticos y económicos. Entre ellas sobresalen la coalición Viv Ansanm y organizaciones como 400 Mawozo.
La crisis, por tanto, no puede explicarse exclusivamente como un fenómeno de delincuencia. Es también el resultado de décadas de fragilidad institucional, corrupción, desigualdad y connivencia entre estructuras criminales y determinados sectores de poder.
En otras palabras, el desafío no consiste únicamente en recuperar calles y barrios. Se trata de reconstruir un Estado cuya autoridad ha sido progresivamente desplazada por estructuras que combinan capacidad armada, control económico e influencia política.
En octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio su autorización a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), que encabezó Kenia. Sin embargo, sus limitaciones financieras, logísticas y operativas obstaculizaron el cumplimiento de sus objetivos.
Posteriormente, la arquitectura internacional de seguridad evolucionó hacia la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada en 2025 y dotada de un mandato más directamente orientado a combatir a las organizaciones armadas. El balance puso de manifiesto una realidad: la respuesta internacional requería mayores capacidades operativas para enfrentar estructuras criminales que habían desplazado parcialmente al Estado. Es en ese vacío donde la participación salvadoreña comienza a adquirir relevancia.
2. La misión salvadoreña: de la cooperación a la ofensiva
La participación salvadoreña no se inició con el reciente despliegue militar. El país ya contribuía a las iniciativas internacionales mediante personal especializado y apoyo a las operaciones de seguridad.
Sin embargo, el 18 de octubre de 2026, tras desaparecer cuatro técnicos salvadoreños vinculados a la GSF (luego de una emboscada en la cercanía de Puerto Príncipe), el presidente Nayib Bukele anunció una operación para localizarlos y rescatarlos. Posteriormente, la misión evolucionó hacia un despliegue de mayor envergadura.
A finales de octubre, El Salvador había enviado aproximadamente 2,000 efectivos, cifra que, según algunos reportes, posteriormente ascendió a unos 2,500. Su participación puede analizarse, al menos, desde cuatro dimensiones:
Seguridad nacional: localizar y proteger a los ciudadanos salvadoreños desaparecidos.
Recuperación territorial: contribuir al debilitamiento de las organizaciones criminales y respaldar a las autoridades haitianas en el restablecimiento del control estatal.
Proyección del modelo de seguridad salvadoreño: presentar la experiencia acumulada en la lucha contra las pandillas como una posible referencia para la cooperación internacional.
Protagonismo geopolítico: ampliar la presencia de El Salvador en los asuntos estratégicos del Caribe, con implicaciones directas para Estados Unidos, las Naciones Unidas, la República Dominicana y otros actores internacionales.
3. Los actores internacionales
La operación salvadoreña no puede analizarse de manera aislada. Haití se ha convertido en un escenario de convergencia de intereses estratégicos y de distintos mecanismos de intervención internacional.
Naciones Unidas: legitimidad y coordinación. La ONU proporciona el marco multilateral de la respuesta internacional. No obstante, persisten interrogantes en torno a la cadena de mando de las fuerzas salvadoreñas.
Una investigación de The New Humanitarian y Ayibopost, publicada el 11 de noviembre, señaló que solo entre 200 y 300 efectivos salvadoreños estarían integrados directamente en la estructura de la GSF, mientras que el resto operaría al margen de esa cadena de mando. Esta situación plantea desafíos relevantes en materia de coordinación, supervisión y responsabilidad jurídica.
Estados Unidos: el factor estratégico. Washington mantiene intereses directos en la estabilidad haitiana debido a la proximidad geográfica, los flujos migratorios, el tráfico de armas y la seguridad regional.
La relación política entre Donald Trump y Nayib Bukele añade una dimensión adicional. Estados Unidos respalda la arquitectura internacional de seguridad, aunque Marco Rubio ha señalado que Washington no participa directamente en la operación militar salvadoreña.
Este contexto permite considerar una posible convergencia de intereses: que El Salvador asuma responsabilidades operativas que Estados Unidos no necesariamente está dispuesto a ejercer de manera directa.
República Dominicana: el vecino directamente afectado.Para Santo Domingo, la crisis haitiana tiene consecuencias inmediatas sobre la seguridad fronteriza, la migración y la estabilidad de toda la isla La Española. De ahí la legitimidad de las preocupaciones dominicanas.
El presidente Luis Abinader expresó su respaldo a la actuación de Bukele y confirmó la colaboración dominicana con El Salvador, incluido el apoyo logístico y de inteligencia, según reportes publicados el 10 de noviembre. Para la República Dominicana, respaldar las iniciativas que contribuyan a estabilizar Haití responde a un interés estratégico, pero ello no implica renunciar a su soberanía ni trasladar a terceros la responsabilidad de proteger su frontera.
4. Los liderazgos locales: el factor determinante
La solución a la crisis haitiana no puede depender exclusivamente de fuerzas extranjeras. Los actores nacionales deberán asumir un papel protagónico en la reconstrucción institucional y en la recuperación de la legitimidad del Estado.
Alix Didier Fils-Aimé: como primer ministro, representa el principal centro de autoridad ejecutiva. Su desafío consiste en recuperar el control territorial, fortalecer las instituciones y conducir al país hacia la celebración de elecciones. Su respaldo a Bukele expresa la necesidad de cooperación externa, pero también pone de relieve la fragilidad del Estado haitiano.
La Policía y las Fuerzas Armadas haitianas: deben constituir el núcleo de cualquier estrategia de recuperación. La asistencia extranjera tendría que fortalecer sus capacidades institucionales y operativas, no sustituirlas de manera indefinida.
Si las operaciones salvadoreñas consiguen debilitar las estructuras criminales, pero no contribuyen a dejar una Policía y unas Fuerzas Armadas haitianas capaces de sostener el control territorial, el país podría regresar rápidamente al escenario precedente.
Las élites políticas y económicas: las investigaciones de las Naciones Unidas han documentado vínculos entre organizaciones criminales, redes económicas ilícitas y determinados actores de poder. Perseguir únicamente a los hombres armados dejaría intactas algunas de las estructuras que financian, facilitan y protegen la violencia.
La recuperación de Haití exige, además, combatir la corrupción, fortalecer el sistema de justicia y establecer responsabilidades para quienes financian, protegen o facilitan las actividades criminales.
Los dirigentes criminales: Wilson Joseph, de 400 Mawozo, ha solicitado la intervención de las Naciones Unidas para promover un diálogo. La iniciativa debe examinarse con cautela: podría expresar la búsqueda de una salida negociada, pero también constituir una estrategia para ganar tiempo, reorganizar fuerzas o procurar reconocimiento político.
La organización 400 Mawozo y sus dirigentes están sometidos a sanciones internacionales. Por tanto, cualquier eventual negociación tendría que tomar en consideración las responsabilidades por secuestros, asesinatos, violencia sexual y reclutamiento de menores.
La sociedad civil: una parte de la sociedad ha expresado expectativas favorables ante la llegada de los salvadoreños. Sin embargo, también existen preocupaciones legítimas en torno a la soberanía, los posibles abusos y el impacto de las operaciones militares sobre la población civil.
Por ello, las organizaciones comunitarias, los sectores religiosos, los empresarios y los representantes de las víctimas deben participar en la reconstrucción política. Sin legitimidad social, la seguridad corre el riesgo de convertirse en una imposición transitoria, en lugar de servir como fundamento de una transformación institucional duradera.
5. Las implicaciones jurídicas y humanitarias
La lucha contra las organizaciones criminales no exime a las fuerzas militares del cumplimiento del derecho internacional. La soberanía haitiana, el consentimiento del Gobierno receptor, los acuerdos bilaterales, el mandato de las Naciones Unidas y las normas de derechos humanos deben delimitar el alcance de la operación. En este ámbito, destacan tres cuestiones fundamentales:
a. Legitimidad del despliegue: deben hacerse públicos los acuerdos entre Haití y El Salvador que regulan la presencia militar, sus facultades y la duración del despliegue. b. Cadena de mando: la coexistencia de distintos contingentes militares y policiales exige mecanismos inequívocos de coordinación, supervisión y rendición de cuentas. c. Protección de la población civil:las operaciones deben distinguir entre quienes participan en las hostilidades y la población civil, y respetar las obligaciones aplicables del derecho internacional. Las advertencias humanitarias no son una consideración abstracta.
La legitimidad de una operación no debe medirse únicamente por los objetivos que logra neutralizar, sino también por su capacidad para proteger la vida, respetar los derechos humanos y sujetarse a las normas jurídicas aplicables.
6. ¿Hacia dónde puede evolucionar la intervención?
La evolución de la presencia salvadoreña dependerá de diversos factores: la capacidad operativa de los contingentes, la respuesta de las organizaciones criminales, la estabilidad política del Gobierno haitiano y el grado de coordinación internacional. A partir de estas variables, es posible identificar cuatro escenarios:
Escenario 1. Recuperación progresiva del territorio.Escenario de estabilización. Las fuerzas salvadoreñas, junto con la Policía haitiana y la GSF, consiguen debilitar a las principales organizaciones criminales. El Gobierno recupera espacios estratégicos y comienza a restablecer servicios e instituciones. El resultado más relevante sería la creación de condiciones mínimas para celebrar elecciones y reconstruir la legitimidad política.
El éxito de este escenario dependería de que las autoridades haitianas logren mantener posteriormente el control territorial, sin quedar sujetas a una dependencia indefinida de fuerzas extranjeras.
Escenario 2. Fragmentación de la violencia. Escenario de riesgo. Las bandas responden mediante emboscadas, ataques contra instalaciones estratégicas y alianzas coyunturales entre grupos rivales. La operación se prolonga, aumentan los desplazamientos de población y se agravan las dificultades humanitarias. La fragmentacióndel mando entre las distintas fuerzas de seguridad podría incrementar los riesgos operativos.
Escenario 3. Internacionalización de la operación. Mayor protagonismo de Estados Unidos. La participación salvadoreña podría convertirse en el núcleo de una arquitectura regional de seguridad, respaldada logística, diplomática y financieramente por otros países. Estados Unidos, la República Dominicana y otros socios podrían ampliar su cooperación en inteligencia, equipamiento, vigilancia y logística. Esto podría dar lugar a una nueva arquitectura regional de seguridad en el Caribe, pero también generar en Haití una dependencia prolongada de actores extranjeros.
Escenario 4. Negociación y reorganización de las estructuras criminales. Algunos dirigentes podrían buscar una negociación ante la presión militar. Conviene observar esta posibilidad con especial cautela: un acuerdo podría reducir temporalmente la violencia, pero también permitir que determinadas organizaciones conserven sus redes de influencia. Por ello, cualquier proceso tendría que incorporar compromisos verificables de desarme, justicia y rendición de cuentas.
Una variable decisiva será el calendario electoral haitiano. La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas está prevista para el 18 de julio de 2027. La seguridad será indispensable para hacer posible el proceso electoral, pero también será necesario impedir que la operación militar influya indebidamente en la competencia política.
La recuperación de la autoridad estatal debe desembocar en instituciones representativas y legítimas, no simplemente en una nueva distribución del poder entre actores armados y dirigentes políticos.
7. El significado geopolítico para el Caribe y la República Dominicana
La intervención salvadoreña trasciende las fronteras haitianas. El Caribe enfrenta amenazas vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas, las organizaciones criminales transnacionales, la migración irregular y la fragilidad institucional. En este contexto, Haití constituye un punto de convergencia de múltiples amenazas y vulnerabilidades.
Para la República Dominicana, una estabilización efectiva de Haití podría reducir las presiones sobre la frontera y favorecer la recuperación económica e institucional del país vecino. Por el contrario, una escalada prolongada podría provocar nuevos desplazamientos de población, alterar las actividades económicas fronterizas, intensificar las tensiones migratorias y elevar los riesgos para la seguridad.
Santo Domingo necesita articular la defensa y la seguridad fronteriza con la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia, la diplomacia y el respaldo a los esfuerzos de reconstrucción. Estos instrumentos deben orientarse a favorecer una solución política haitiana que permita restablecer la institucionalidad y establecer autoridades legítimas.
Sin perder de vista una consideración estratégica fundamental: la República Dominicana no puede asumir la reconstrucción de Haití, pero tampoco puede desentenderse de las consecuencias de su colapso. La seguridad de la isla requiere dos Estados funcionales, capaces de cooperar y ejercer plenamente sus respectivas soberanías
8. ¿Puede Bukele contribuir a cambiar el destino de Haití?
La presencia militar salvadoreña constituye uno de los acontecimientos más relevantes de la actual configuración de la seguridad en el Caribe. Bukele ha decidido asumir un protagonismo internacional que trasciende los esquemas convencionales de cooperación y sitúa a El Salvador en el centro de una operación contra organizaciones criminales en el territorio de otro Estado.
Sin embargo, conviene distinguir tres objetivosfundamentales que con frecuencia se presentan como sifueran equivalentes, aunque corresponden a procesos sustancialmente diferentes: disponer de capacidad militar para combatir a las organizaciones criminales, recuperar el control del territorio y reconstruir el Estado haitiano.
El primero puede alcanzarse mediante operaciones militares. El segundo exige una presencia institucional sostenida. El tercero requiere legitimidad política, justicia, desarrollo económico, educación, servicios públicos y, sobre todo, la reconstrucción de la confianza ciudadana.
El modelo salvadoreño puede constituir un objeto de estudio, pero no es susceptible de trasladarse mecánicamente a Haití. Las condiciones históricas, institucionales, sociales y criminales de ambos países son distintas. Además, cualquier resultado debe evaluarse a la luz del respeto a los derechos humanos y de las garantías jurídicas.
La comunidad internacional tampoco puede limitarse a proporcionar tropas y recursos. Debe contribuir al fortalecimiento de la justicia haitiana, al desmantelamiento de las redes financieras criminales, al control del tráfico de armas y al acompañamiento de una transición política legítima.
En esencia, Haití necesita evitar que vuelvan a reproducirse las condiciones políticas, económicas e institucionales que hicieron posible la expansión de las organizaciones criminales.
La misión salvadoreña puede contribuir a modificar el equilibrio de fuerzas sobre el terreno; sin embargo, el futuro haitiano no puede depender indefinidamente de la voluntad de un presidente extranjero ni de la presencia de tropas internacionales. La verdadera medida del éxito será que Haití logre recuperar su soberanía efectiva, reconstruir sus instituciones y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Para la República Dominicana, el desenlace reviste una importancia estratégica incuestionable. La estabilidad haitiana no constituye solamente un asunto de política exterior: es una condición fundamental para la seguridad y el desarrollo de toda la isla.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿estamos presenciando el comienzo de la recuperación del Estado haitiano o el nacimiento de una nueva arquitectura de intervención extranjera en el Caribe?
La respuesta dependerá menos de los anuncios presidenciales y de las operaciones militares que de lo que ocurra cuando llegue el momento de devolver a los haitianos el control efectivo de su propio país.
