Por Elvin Castillo
La gestión de residuos sólidos en República Dominicana enfrenta una crisis estructural que exige una respuesta inmediata. La actual Ley 225-20, aunque representa un avance en la regulación del manejo de desechos, necesita ser actualizada para responder mejor a las demandas de un país que, paradójicamente, es el que menos invierte en la región en este ámbito. La modificación de esta legislación no solo es necesaria, sino urgente, si realmente queremos un sistema eficiente, sostenible y moderno de recolección y disposición de residuos.
El problema central radica en la falta de recursos. Las alcaldías y municipios, responsables directos del aseo urbano, no cuentan con los fondos suficientes para garantizar una gestión adecuada de los desechos. Esto se traduce en calles sucias, vertederos improvisados y un impacto ambiental y sanitario alarmante. Sin un financiamiento adecuado, es imposible adquirir equipos modernos, optimizar la logística de recolección o mejorar la disposición final de los residuos. La modificación de la Ley 225-20 debe garantizar mayores recursos para los gobiernos locales, permitiéndoles invertir en camiones compactadores, infraestructura para el tratamiento de residuos y programas de educación ambiental.
Pero no se trata solo de más dinero. La nueva legislación debe apostar por un modelo más equitativo y eficiente, donde la responsabilidad no recaiga únicamente en el Estado. En este sentido, la incorporación del principio de responsabilidad extendida del generador es un paso crucial. Este mecanismo obliga a las empresas a gestionar los residuos que generan hasta su disposición final, promoviendo una cultura empresarial más consciente y sostenible. Además, la posibilidad de que los montos destinados a este proceso sean deducibles de impuestos es un incentivo inteligente para que el sector privado se convierta en un aliado estratégico en la solución del problema.
República Dominicana tiene la oportunidad de convertir la crisis de residuos en una oportunidad económica. Una ley moderna y bien implementada puede fomentar el reciclaje, atraer inversión en tecnologías limpias y generar empleo en sectores como la economía circular. En otras palabras, más que un gasto, mejorar la gestión de residuos puede ser una inversión rentable tanto para el país como para sus ciudadanos.
No podemos seguir ignorando el problema. La acumulación de basura no solo afea nuestras ciudades, sino que afecta la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de todos los dominicanos. Modificar la Ley 225-20 es una decisión estratégica que nos permitirá avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, donde la limpieza y el orden sean la norma y no la excepción. El momento de actuar es ahora.
