Justicia y Agricultura encabezan protocolo de acción junto al IAD y organizaciones campesinas para proteger proyectos parcelarios y garantizar seguridad jurídica
El Pregonero, SANTO DOMINGO.– El Gobierno adoptará medidas para frenar las invasiones y ocupaciones irregulares de terrenos pertenecientes a proyectos de la Reforma Agraria, mediante un protocolo de actuación dirigido a intervenir las demarcaciones afectadas y reforzar la seguridad jurídica de miles de productores en todo el país.
El plan será coordinado por el ministro de Justicia, doctor Antoliano Peralta, y el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, junto al director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, y representantes de las principales organizaciones campesinas, tras una reunión de trabajo realizada en el Ministerio de Agricultura, en la que fueron analizadas las situaciones que afectan distintos asentamientos.
Las autoridades acordaron iniciar un levantamiento para establecer una ruta crítica de intervención legal, técnica y operativa en los diferentes puntos del país, cuyos parceleros han sido afectados por la situación, entre ellos: Mogollon en San Juan de la Maguana; Villa Riva; Montecristi, Monte Plata, y Villa Altagracia entre otros proyectos parcelarios afectados.
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, afirmó que respetando el debido proceso serán articulados los mecanismos legales que permitan enfrentar estas situaciones, garantizar los derechos de los productores y preservar los terrenos destinados por el Estado al desarrollo agrícola.
Indicó que para hacer más efectivo los trabajos de depuración cada caso será evaluado de manera individual, ya que aunque tengan las mismas naturaleza son realidades distintas.
De su lado, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, sostuvo que garantizar seguridad sobre las tierras constituye también una defensa de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria nacional.
“Estamos siempre abierto al diálogo para buscar soluciones a los problemas de los productores del país y los parceleros juegan un rol de mucha importancia en la cadena productiva del país, por eso estamos aquí dando los pasos de lugar para buscar soluciones a las preocupaciones de las organizaciones parcelarias,
Vamos a impulsar las acciones necesarias para que esos terrenos cumplan con el propósito para el cual fueron destinados: producir alimentos y generar bienestar en el campo dominicano”, expresó Espaillat.
Como parte de los acuerdos, será conformada una comisión técnica interinstitucional encargada de documentar los casos, evaluar su situación jurídica y territorial y recomendar las actuaciones correspondientes, incluyendo mecanismos que permitan avanzar en la regularización y titulación definitiva.
En la reunión participaron, además, los representantes jurídicos de las instituciones oficiales involucradas, quienes tendrán un papel fundamental en la evaluación de los expedientes, la definición de los procedimientos y la articulación de las acciones que correspondan dentro del marco legal.
Por las organizaciones campesinas estuvieron Luciano Robles, presidente de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas; Martín Roberto Familia, representante de la Federación Gregorio Luperón, así como otros dirigentes del movimiento campesino.
Los representantes denunciaron que desaprensivos interesados en apropiarse de terrenos recurren a distintas artimañas y, según afirmaron, se valen de supuestos abogados y alegados padrinazgos de civiles, policías y militares para montar entramados destinados a desplazar a legítimos productores de sus predios.
Advirtieron que estas prácticas no solo amenazan la estabilidad productiva y el patrimonio de hombres y mujeres que durante años han trabajado la tierra, sino que generan conflictos que pueden poner en riesgo su integridad física y hasta sus vidas.
El protocolo contemplará mecanismos de seguimiento entre Justicia, Agricultura y el IAD, con participación de las organizaciones campesinas y estricto apego al debido proceso y al marco legal vigente, para dar respuesta a los casos identificados y prevenir nuevas afectaciones.
