El Pregonero, Santo Domingo.– Altos funcionarios del gobierno y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) respondieron al senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, tras su propuesta de indexar los salarios conforme a la inflación y revisar las exenciones y beneficios fiscales del Estado.
El director general de Aduanas, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, expresó su desacuerdo con que se incluyan los subsidios sociales dentro del debate fiscal, al considerar que estos son esenciales para el bienestar de las familias más vulnerables.
“Sigamos hablando de los salarios, sigamos hablando del debate fiscal, eso es importante, y por eso felicito al senador de la capital. Pero con los subsidios no, Omar, con los subsidios no, porque eso es lo que ayuda a nuestra gente a superarse”, manifestó Sanz Lovatón en un video difundido en sus redes sociales.
En la misma línea, el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba, advirtió que reducir los programas sociales sería “un golpe a la dignidad” de los hogares más pobres del país.
En un artículo titulado “Crecimiento con justicia social: un llamado a proteger las ayudas del pueblo”, Peña Guaba calificó como “incongruente” financiar la indexación salarial mediante recortes a los programas sociales, subrayando que esas ayudas representan “la diferencia entre la dignidad y la desesperanza”.
Por otro lado, dirigentes sindicales como Gabriel del Río y Pepe Abreu respaldaron la propuesta de Fernández en torno a la liberación de impuestos a los salarios inferiores a RD$52,000 mensuales, y coincidieron en la necesidad de cumplir con la ley que establece ajustes salariales periódicos conforme al índice de inflación.
“No es posible que un sector trabajador que gana poco se le descuente”, declaró Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC).
La propuesta de Omar Fernández ha reavivado el debate nacional sobre la equidad fiscal, el poder adquisitivo y la eficacia de los subsidios sociales, en medio de la discusión del Presupuesto General del Estado para 2026.
