Por Fernando Reyes Castro
En febrero del 2022, cuando muchos jefes y jefas de hogares beneficiarios del Programa Supérate de las provincias de Azua, Bahoruco, Pedernales y Santo Domingo fueron a pasar sus tarjetas, en los establecimientos comerciales adheridos a la Red de Abastos Social (RAS) de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), para realizar sus compras con el dinero que les habían depositado en la primera quincena de ese mes, se encontraron con la desagradable sorpresa de que sus tarjetas no tenían fondos. Lo que produjo una reacción inmediata de denuncias y quejas por parte de todos los afectados.
Entre el 18 y el 20 de febrero, una de las entidades bancarias que forman parte del Sistema de Pago de Subsidios Sociales (SPSS) del Gobierno dominicano, “alertó” a la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) sobre múltiples transacciones de tarjetas Supérate que se realizaron fuera del horario establecido en el Reglamento de la Red de Abasto Social (RAS) de la ADESS, en la Provincia de Santo Domingo, mayormente en el municipio de La Victoria. Ocurriendo cosas inauditas como que en varios colmados que normalmente tenían un promedio de 300 transacciones mensuales, es decir, cerca de 500 mil pesos al mes, en solo un día en horas de la madrugada realizaron miles operaciones por valores que rondaban entre los 2 y 4 millones de pesos. El 21 de febrero, la Administradora de Subsidios Sociales se apresuró a informar a la prensa nacional, que se trató de una “suplantación de plásticos” o “clonación de tarjetas”.
En el mismo mes de febrero, el Ministerio Público inició una investigación como resultado de las reclamaciones de consumos no reconocidos por beneficiarios de la tarjeta Supérate, en los diferentes establecimientos comerciales denunciados. El 15 de marzo, la ADESS informa a la sociedad dominicana, la suspensión de más de trescientos establecimientos comerciales (sobre todo colmados) y el inicio de una investigación a 86 de ellos por estar, supuestamente, involucrados en “clonaciones” de tarjetas Supérate. Con la finalidad de profundizar la investigación, se conformó una mesa de trabajo compuesta por representantes de la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la ADESS y el Programa Supérate.
Al iniciar el mes de abril, el Programa Supérate y la ADESS informaron la conclusión de 97 operativos en los que se entregaron más de 80 mil tarjetas para sustituir las bloqueadas durante el proceso de investigación del fraude. Informando, además, que de 40 personas investigadas solo a10 se le imputaron cargos.
El 11 de mayo, respondiendo a un requerimiento del Senado de la República, la Licda. Gloria Reyes, Directora General del Programa Supérate, presentó un “informe” de veinte páginas sobre el fraude a la tarjeta Supérate, en el que estableció que al cierre del 30 de abril el fraude afectó a más de 95 mil hogares beneficiarios, por un monto que superó los 155 millones de pesos. Con esta comparecencia ante el Senado de la República la señora directora del Programa Supérate dio por “cerrado”, en lo que respecta al gobierno, el caso del fraude a la tarjeta Supérate.
El 17 de junio del 2022, la Procuraduría General de la República, pasado más de tres meses de la denuncia del hecho y de iniciado el proceso de investigación informó al periódico Diario Libre que sus órganos de investigación aún no habían logrado establecer la estructura que generó el fraude en la tarjeta Supérate.
Es muy probable que, hoy en día un año después de iniciado el proceso, aún la Procuraduría no haya avanzado en la identificación de la estructura responsable del escandaloso fraude y no logrará hacerlo si no cuenta con la ayuda firme y decidida de las direcciones generales de la Administradora de Subsidios Sociales, el Programa Supérate y la dirección de la entidad bancaria involucrada.
El Programa Supérate, es el responsable de confeccionar las nóminas de los beneficiarios de los componentes del programa que tienen subsidios y transferencias, y enviarlas a la ADESS. Debiendo dar el seguimiento de lugar, para asegurarse que los fondos acreditados a los hogares sean los que se han solicitado. La ADESS (según lo establece el Decreto No.1560-04 que crea esta institución, en su Artículo 6, acápite C), tiene que “verificar y controlar el proceso de débitos de las cuentas de los beneficiarios y la acreditación en las cuentas de los comercios afiliados por parte del Banco agente y realizar el control del funcionamiento del medio de pago”.
La entidad bancaria, según su relación contractual con la ADESS, está obligada a “suministrar todas las informaciones relativas a los balances de cuentas de los beneficiarios, las transacciones de consumos autorizados y procesados, de las Tarjetas Supérate y las liquidaciones a los comercios, conforme a lo establecido en la oferta adjudicada y las especificaciones contenidas tanto en el Pliego de Licitación como en el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)”.
A partir de las responsabilidades, anteriormente señaladas, de las principales entidades involucradas y tomando en consideración los rigurosos protocolos con altos estándares de seguridad, diseñados y puestos en práctica en los procesos de generación de las nóminas, la tramitación y acreditación final de fondos del Sistema de Pagos de Subsidios Sociales; es inadmisible que éstas no les hayan dado a la Procuraduría General de la República, elementos contundentes que faciliten la identificación la estructura que generó el fraude en la tarjeta Supérate, optando por un “silencio cómplice”.
Teniendo en cuenta que en la relación contractual entre la Banca y la ADESS se estipula que: “Sin perjuicio de las obligaciones que la Ley impone a las entidades de intermediación financiera, El Contratado deberá́ dotarse de una póliza de seguro que cubra su responsabilidad civil de cara a las actividades fraudulentas de sus empleados, relativa a las operaciones que resulten como consecuencia de sus obligaciones y responsabilidades en el presente contrato, la cual servirá́ de instrumento para resarcir el perjuicio o daño que resultare en contra del Gobierno Dominicano”. Tomando en consideración todo lo ante expuesto y debido a la falta de información, la ausencia de una posición oficial definitiva de los representantes del Gobierno y su tímida participación en la mesa de trabajo que se creó para investigar el escandaloso fraude, mi experiencia de varios años al frente del Programa Solidaridad, me lleva a presumir que ese fraude solo sería posible mediante una acción pactada entre miembros del Programa Supérate, la Administradora de Subsidios Sociales y la Entidad Bancaria con la finalidad de usufructuar más de 155 millones de pesos. Si tan solo la ADESS asumiera su rol frente a la entidad financiera y los establecimientos comerciales involucrados, la historia sería diferente. Por eso sigo pensando que algo grave nos están ocultando.
De este modo, ni el Gobierno, ni la entidad bancaria, ni los hogares afectados han perdido el dinero, porque si la póliza de seguro estaba vigente cubrió todo el “faltante”; mientras tanto, lo cierto es que con la complicidad de los actores involucrados fueron vulneraron los protocolos y estándares de seguridad de un Sistema de Pagos de Subsidios Sociales, que ha sido tomado como ejemplo por muchos programas sociales de América Latina.
