República Dominicana obligó a los equipos de béisbol a crear nuevos protocolos para firmar jóvenes prospectos luego de repetidos fraudes con actas de nacimiento adulteradas.
Nuestros pasaportes también han sido objeto de alerta internacional por suplantaciones e irregularidades. Pero esto ya no se trata de entrenadores o padres ambiciosos: el fraude parece estar operando desde las propias estructuras del Estado.
Esta semana no fue uno, sino dos escándalos simultáneos los que reventaron la credibilidad del sistema:
Por un lado, Edgar Juan Aníbal Ramírez Reyes, alcalde del distrito de Monserrat en Bahoruco, fue arrestado tras una persecución en Baní con un camión oficial cargado con libros robados de la Oficialía del Estado Civil de Neyba. Según la investigación, formaría parte de una red dedicada a modificar actas de nacimiento, falsificar vínculos con personas fallecidas y reclamar herencias de forma fraudulenta. Se habla incluso de conexiones con trata de personas e identidad falsa. Por otro lado, la Junta Central Electoral sometió a la justicia a uno de sus propios funcionarios, acusado también de alterar registros civiles con fines similares: reclamar herencias usando actas manipuladas.
No son hechos aislados. Son síntomas de un sistema profundamente vulnerado, donde los documentos que deben certificar nuestra identidad han sido puestos en venta por manos internas, y en algunos casos, por funcionarios electos que juran servir a la patria.
Y aquí viene la pregunta que muchos evitan:
¿Quiénes son los 11.5 millones de dominicanos que hoy figuran con acta de nacimiento?
¿Somos todos quienes decimos ser, o se nos ha colado un número impreciso —pero no insignificante— de registros fabricados para delinquir, estafar, migrar o suplantar?
Esto no es un llamado a la cacería, ni a criminalizar la pobreza ni la inmigración. Es un reclamo de sensatez.
Sin saber con certeza quién es quién, no hay soberanía, no hay política pública posible, no hay justicia que funcione.
Se necesita una auditoría nacional profunda del registro civil, no para perseguir, sino para proteger.
Y se necesita voluntad para hacerlo, porque no se puede combatir lo que no se quiere ver.
Y aquí, lo hemos estado viendo —y tolerando— por demasiado tiempo.
@abrilpenaabreu
