Las horrorosas cifras de feminicidios infantiles en República Dominicana han vuelto a poner en evidencia la fragilidad del sistema de protección para las niñas y adolescentes. En 2024, de los 71 feminicidios registrados, nueve fueron menores de edad, a esto podemos agregarle que los menores dejados en la orfandad superaron los 50s Estos datos no solo estremecen, sino que exigen una respuesta inmediata y efectiva de las autoridades.
El asesinato de niñas y adolescentes en contextos de violencia de género es un síntoma de una crisis más profunda: la impunidad y la falta de políticas preventivas eficaces. La protección de las menores no puede limitarse a discursos y promesas, sino que debe traducirse en medidas concretas, como un fortalecimiento real del sistema de protección infantil, educación con enfoque de género en las escuelas.
A esta crisis se suma la desprotección de mujeres y niñas en situaciones de violencia sexual y embarazos forzados.. porque solo así se puede llamar que una menor, con la edad mental de un niño de 5 años y en cama, tuviese que llevar a término un embarazo producto de una violación. Si además agregamos que República Dominicana encabeza la sexualidad temprana de niñas y niños generalmente con adultos y que a pesar de estar prohibido por ley, no sólo no se muestran avances al respecto, si no que culturalmente se normaliza, se trivializa y se culpabiliza al menor en cuestión y la cereza del pastel en la larga y profunda cadena de violencia el embarazo en adolescentes, con cifras escandalosas, una menor puede llegar a tener hasta 3 hijos antes de los 18 años, la mayoría de estos niños son producto de una “relación” con un adulto y no existe un protocolo que de seguimiento a las menores para definir al menos cada situación de manera individual en los hospitales, todo esto condena a esas niñas y luego adultas a una vida de pobreza y muchas veces de violencia.
El Estado tiene una deuda histórica con las mujeres y niñas de este país. No basta con registrar cifras y lamentar tragedias; se requiere voluntad política para implementar cambios estructurales que frenen la violencia de género y garanticen los derechos fundamentales de las víctimas. Cada niña violentada o asesinada, cada mujer violentada, es un recordatorio de que la indiferencia también mata.
