Por Rafael Féliz
La República Dominicana avanza hacia una nueva etapa de transformación de su sistema tributario con la implementación de la facturación electrónica. Se trata de un cambio importante en la manera en que las empresas, los profesionales independientes y los comerciantes documentan sus operaciones económicas y cumplen con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, detrás de esta modernización también surgen interrogantes sobre la capacidad de adaptación de miles de contribuyentes, especialmente de los pequeños y microempresarios.
La facturación electrónica, establecida mediante la Ley núm. 32-23, no debe entenderse simplemente como la sustitución de una factura de papel por un documento digital. Representa una transformación profunda en los procesos administrativos, contables y tributarios del país. Su propósito es fortalecer la transparencia, reducir la evasión fiscal, mejorar los mecanismos de control y facilitar las operaciones comerciales.
Desde esa perspectiva, debemos reconocer que la República Dominicana necesita avanzar hacia un modelo tributario más moderno, eficiente y transparente. La tecnología puede convertirse en una herramienta fundamental para mejorar la administración de los impuestos y construir una relación más organizada entre el Estado y los contribuyentes.
No obstante, una pregunta merece especial atención: ¿están todos los sectores económicos preparados para asumir esta transformación?
EL DESAFÍO DE LOS PEQUEÑOS Y MICROEMPRESARIOS
Uno de los principales retos de la facturación electrónica está relacionado con los pequeños comerciantes, las microempresas y los trabajadores independientes. Muchos de estos sectores no cuentan con departamentos administrativos, personal especializado en contabilidad ni recursos tecnológicos suficientes para enfrentar los cambios que exige el nuevo sistema.
Para una empresa grande, adaptar sus plataformas informáticas y contratar servicios tecnológicos puede representar una inversión manejable. Sin embargo, para un pequeño negocio, asumir nuevos gastos, capacitar personal y modificar sus procedimientos administrativos puede convertirse en una carga considerable.
Por eso, la modernización tributaria no puede medirse exclusivamente por la capacidad del Estado de implementar nuevas herramientas digitales. También debe medirse por su capacidad de garantizar que todos los contribuyentes puedan incorporarse en condiciones razonables.
La transformación digital debe ser inclusiva y no convertirse en un obstáculo para quienes intentan mantener sus negocios y cumplir responsablemente con sus obligaciones fiscales.
LA DGII Y SU RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tiene un papel determinante en este proceso. No basta con establecer disposiciones legales, fijar fechas y advertir sobre posibles sanciones. Es necesario fortalecer la orientación, la capacitación y la asistencia técnica a los contribuyentes.
La administración tributaria debe procurar que cada persona física o jurídica comprenda cómo funciona el sistema, cuáles son sus responsabilidades y qué consecuencias puede tener una facturación incorrecta.
También es importante garantizar que las herramientas gratuitas sean accesibles, funcionales y suficientes para los pequeños contribuyentes, así como mantener canales de asistencia que permitan resolver oportunamente las dificultades técnicas.
La educación tributaria debe ocupar un lugar prioritario. Un contribuyente bien orientado tiene mayores posibilidades de cumplir correctamente que uno que desconoce los procedimientos y se enfrenta a un sistema que todavía no domina.
TRANSPARENCIA, CONTROL Y RESPONSABILIDAD
No podemos ignorar los beneficios que puede generar la facturación electrónica. La validación digital de los comprobantes fiscales, la reducción del uso de papel, la conservación de documentos y la disponibilidad de información más organizada representan avances importantes.
Asimismo, el sistema puede contribuir a reducir determinadas prácticas de evasión y fortalecer el control de las operaciones comerciales.
Pero debemos tener presente que la tecnología, por sí sola, no garantiza una administración tributaria justa. La transparencia también exige instituciones eficientes, procedimientos claros, protección de la información y criterios de fiscalización equilibrados.
El objetivo no debe ser únicamente recaudar más, sino construir una cultura de cumplimiento en la que el ciudadano comprenda que sus obligaciones tributarias forman parte del sostenimiento de los servicios públicos y del desarrollo nacional.
UNA OPORTUNIDAD QUE NO DEBE CONVERTIRSE EN UNA CARGA
La República Dominicana tiene ante sí una oportunidad importante para modernizar su economía. Sin embargo, el éxito de la facturación electrónica dependerá de que su implementación sea acompañada de políticas públicas que tomen en consideración las distintas realidades económicas del país.
Es necesario fortalecer los programas de capacitación, ampliar la asistencia a las micro y pequeñas empresas, facilitar el acceso a herramientas tecnológicas y mantener mecanismos de contingencia para enfrentar interrupciones del servicio.
También resulta conveniente que las autoridades mantengan una comunicación permanente con los contadores, asesores fiscales, comerciantes y organizaciones empresariales, porque son estos sectores quienes conocen de primera mano las dificultades que surgen en la práctica.
En este contexto, es importante recordar que el próximo 15 de noviembre de 2026 vence la prórroga concedida por la DGII a los contribuyentes pequeños, micro y no clasificados para completar su incorporación al sistema de facturación electrónica. Esto hace todavía más necesaria la orientación y el acompañamiento institucional.
La facturación electrónica no debe verse como una enemiga del contribuyente, sino como una herramienta que, bien implementada, puede contribuir al desarrollo económico y a la transparencia institucional.
Sin embargo, modernizar no significa imponer cambios sin considerar las condiciones de quienes deben asumirlos. El Estado tiene la responsabilidad de establecer las reglas, pero también de crear las condiciones para que todos puedan cumplirlas.
La República Dominicana necesita una administración tributaria moderna, pero también sensible a la realidad de sus ciudadanos y empresas.
Porque el verdadero éxito de la transformación digital no se medirá solamente por la cantidad de facturas electrónicas emitidas, sino por la capacidad de construir un sistema tributario más justo, accesible, transparente y eficiente.
Modernizar el sistema tributario es necesario; hacerlo sin dejar atrás a los pequeños contribuyentes es una obligación de justicia económica.
