El Pregonero, Santo Domingo. – El jurista y catedrático en derecho constitucional, John Garrido, advirtió que diversos sectores políticos, analistas y constitucionalistas parecen desconocer que la reelección presidencial en la República Dominicana ya cuenta con una limitación desde el año 2021, restricción que fue establecida mediante la Opinión Consultiva OC-28/21 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el 7 de junio de 2021.
Garrido explicó que el bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad-conjuntos normativos que integran no solo la Constitución, sino también los tratados internacionales ratificados por el país, entre ellos los de derechos humanos-definen claramente los parámetros sobre la reelección en el ámbito nacional.
Subrayó que la Corte IDH determinó que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho humano autónomo y que su prohibición es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana.
La solicitud de esta Opinión Consultiva fue formulada por Colombia en 2019, para esclarecer si la reelección presidencial indefinida infringía los principios democráticos y derechos políticos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Corte resolvió que la perpetuación en el poder no es compatible con una democracia representativa, por lo que los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deben limitar los mandatos presidenciales.
Garrido destacó que la República Dominicana no solo ratificó la CADH en 1978, sino que además ha adoptado sus interpretaciones a través de la jurisprudencia nacional, especialmente en la sentencia TC/0361/19 del Tribunal Constitucional, que reafirma la obligatoriedad de las interpretaciones de la Corte IDH.
Para Garrido, la falta de conocimiento o la omisión de esta Opinión Consultiva entre los reformadores y juristas es un llamado a una mayor actualización y alineación con las obligaciones internacionales asumidas por el país, recordando que cualquier intento de habilitar la reelección indefinida podría ser apelado en tribunales locales, basado en estos bloques normativos.
