@abrilpenaabreu
La obesidad ya no es una amenaza futura. Es una realidad presente y dolorosa. En República Dominicana, más del 70% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad. Las enfermedades asociadas —diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y renales— representan la mayor carga para el sistema de salud y para millones de familias que viven entre tratamientos, amputaciones, diálisis o funerales prematuros.
Frente a este escenario, resulta inaceptable que algunos sectores industriales sigan oponiéndose al etiquetado frontal de advertencia en productos alimenticios. No se trata de un capricho ni de una cruzada moral. Es una medida respaldada por años de evidencia científica y experiencias exitosas en países como México, Chile, Uruguay y Perú, donde ya es obligatorio señalar con claridad cuando un producto es alto en azúcar, grasas o sodio.
Pero en lugar de sumarse al esfuerzo por una población más informada y saludable, vemos cómo representantes de asociaciones empresariales se quejan y presionan para frenar cualquier avance. Hace unas semanas, la Coalición Dominicana Saludable y sociedades médicas alzaron la voz frente a esta resistencia. Y con razón. Porque cuando un empresario teme que el consumidor sepa lo que está comprando, lo que realmente teme es perder ventas al quedar en evidencia.
El problema no es solo de etiquetas. Es de prioridades. Las empresas que se oponen al etiquetado frontal en República Dominicana sí cumplen con normas similares en otros países donde exportan. ¿Por qué aquí no? ¿Porque este país sigue siendo un paraíso para el silencio, el descontrol y la desinformación?
Peor aún, cuando se discute un proyecto de ley de nutrición escolar, como el que actualmente genera debates, no falta quien alegue que podría afectar a los comerciantes. ¿Y la salud de los niños no cuenta? ¿Acaso el Estado debe garantizar que se vendan refrescos en las escuelas sin ningún filtro, aunque eso condene a nuestros hijos a la diabetes desde los 12 años?
El lobby alimentario se comporta igual que el del tabaco hace 40 años. Presiona, paga estudios a medida, compra espacios de opinión y amenaza con pérdidas económicas. Pero la historia es clara: donde se ha legislado, la salud pública ha ganado.
En México, tras la implementación del etiquetado frontal en 2020, más del 60% de los consumidores dijeron cambiar sus decisiones de compra. En Chile, el consumo de bebidas azucaradas se redujo en más de un 25%. Los datos hablan. Y también debería hablar el Congreso Nacional.
República Dominicana no puede seguir aplazando decisiones clave para su futuro. El etiquetado frontal no prohíbe productos ni cierra empresas. Solo da al consumidor la información que necesita para elegir con libertad y conciencia.
En un país donde las tasas de obesidad infantil aumentan y los presupuestos de salud colapsan bajo el peso de enfermedades prevenibles, callar es ser cómplice.
Etiquetar no es castigar. Es prevenir. Es informar. Es salvar vidas.
Y quien se oponga a eso, lo que está protegiendo no es la economía. Es la ignorancia… y la enfermedad.
