@abrilpenaabreu
El Estado dominicano tiene que revisarse seriamente esta ola de ataques generalizados contra centros de rehabilitación. Y ojo: si existen abusos, hacinamiento o violaciones a derechos humanos, deben investigarse y corregirse. Nadie está por encima de la ley.
Pero aquí hay una pregunta incómoda que nadie parece querer responder: si cerramos estos centros… ¿qué hacemos con los internos?
La República Dominicana apenas cuenta con dos centros estatales para atender adicciones. Dos. En un país golpeado por el microtráfico, el consumo de sustancias y familias desesperadas buscando ayuda para sus hijos.
Entonces, ¿cuál es la propuesta real? Porque es muy fácil señalar desde un escritorio o desde un reportaje. Lo difícil es ofrecer una alternativa concreta.
No sería más inteligente acompañar, supervisar y ayudar a regular a las organizaciones que sí están haciendo un trabajo serio dentro de sus limitaciones? Llevarlas a cumplir estándares, capacitarlas, fiscalizarlas, exigirles mejoras… en lugar de destruirlas sin ofrecer reemplazo.
Y otra pregunta válida: ¿de dónde nace tanto celo repentino? ¿Qué intereses se tocaron? Porque un país que no ofrece suficientes opciones debe ser muy cuidadoso antes de atacar a quienes —bien o mal— intentan llenar un vacío que el propio Estado no ha podido resolver.
Ni lavan ni prestan la batea.
