Por Kelvin Ortiz Faña
El Pregonero, Santo Domingo. La recomendación del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de cancelar los nombramientos de seis oficiales y un asimilado del Ejército de República Dominicana (ERD) por una presunta alteración de certificados militares ha generado cuestionamientos entre algunos de los implicados, quienes rechazan las acusaciones y solicitan una nueva investigación independiente.
La medida fue adoptada luego de una investigación que señala a los oficiales por supuestamente participar en la modificación de certificados correspondientes a los cursos básico y medio de infantería, documentos que habrían sido utilizados para cumplir con requisitos académicos exigidos en procesos de ascenso dentro de la institución.
Según el informe, las irregularidades se habrían producido con la alegada complicidad de personal adscrito a la Dirección de Personal (G-1) y a la Dirección de Operaciones, Planes y Entrenamiento (G-3), desde donde se incorporaban los certificados al sistema institucional.
Entre los recomendados para cancelación figuran los capitanes Alexander Alarcón Mirillo y Juan Manuel Mejía Santos; los primeros tenientes Ingrid Altagracia Marte Romano, Henry José Reyes Acosta y Pedro José Abreu Compres, además del asimilado militar David Brea Gonzales.
Sin embargo, varios de los señalados sostienen que no tuvieron acceso al sistema donde se registraban los documentos bajo investigación y aseguran que algunos de ellos han desempeñado funciones durante años en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), lejos de las dependencias donde operaba la plataforma cuestionada.
Los oficiales también denunciaron supuestas inconsistencias en el proceso investigativo, alegando que inicialmente fueron identificados 24 posibles involucrados, pero solo seis fueron interrogados por la Dirección de Asuntos Internos, mientras que otras personas presuntamente vinculadas al caso no fueron incluidas en las pesquisas.
“Pedimos una nueva investigación con participación de terceros imparciales que permita determinar quiénes fueron los verdaderos responsables. La pesquisa realizada presenta deficiencias y pone en riesgo la trayectoria de oficiales con años de servicio”, expresaron.
El caso ha abierto un debate sobre la transparencia de los procesos disciplinarios dentro de las Fuerzas Armadas y la necesidad de garantizar investigaciones exhaustivas que permitan establecer responsabilidades con claridad antes de adoptar decisiones definitivas sobre la carrera militar de los involucrados.
