Por Abril Peña
Joaquín Alexander Hidalgo Marte y Alex Elvin Cruz Díaz fueron arrestados, señalados públicamente como asesinos y encerrados por un crimen que no cometieron: la muerte de la joven Paula Santa, ocurrida en 2024 en la Zona Franca de Las Américas. Hoy, libres por fin, claman por algo más difícil que la libertad: la limpieza de sus nombres.
Uno de ellos habló con los medios. Contó cómo su vida se ha derrumbado. Perdió su trabajo, la confianza de su entorno y la tranquilidad de su familia. Su hijo de apenas siete años le preguntó por qué le llaman asesino. Su madre no ha dejado de llorar. Él mismo aún carga con la mirada de sospecha en cada esquina. Lo vivido en la cárcel —según relata— fue un infierno. Y ahora pide lo mínimo: que el Estado, que lo encarceló por error, lo reconozca y lo repare.
Pero, ¿qué pasa cuando la justicia se equivoca en República Dominicana? ¿Existe un mecanismo real de resarcimiento?
La respuesta es sí… pero en el papel. El artículo 20 del Código Procesal Penal reconoce el derecho a ser indemnizado por errores judiciales, y el artículo 255 obliga al Estado a compensar al condenado absuelto tras la revisión de su caso. Sin embargo, en la práctica, son muy pocos los que logran una reparación efectiva.
Los casos en los que el Estado ha sido obligado a pagar una indemnización por este tipo de errores son contados. Uno de los pocos ocurrió en 2009, cuando se ordenó compensar a un hombre injustamente preso con el equivalente a 446 días de salario de un juez de primera instancia. Otro caso más reciente involucró a una persona que pasó un año en prisión preventiva y fue absuelta; también se logró una sentencia a favor, pero tras un proceso largo y desgastante.
Y eso es justamente el problema. El proceso no es automático. No basta con que el Estado te libere; tienes que pelear —otra vez— para que te reconozcan el daño. Muchos no conocen sus derechos, no tienen recursos para demandar y enfrentan trabas institucionales que hacen casi imposible obtener justicia tras el error.
Casos como el de Joaquín y Alex deberían activar de inmediato una respuesta reparadora: una disculpa oficial, una indemnización proporcional y un proceso ágil para restituir su imagen pública. Porque si la justicia falla, el mínimo acto de justicia es asumir el error y reparar a quien lo pagó con su vida.
