Por Luis matias economista
El Caribe vive uno de sus momentos geopolíticos más convulsos en décadas. La captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas especiales estadounidenses en enero de 2026 y el posterior cerco económico y diplomático sobre Cuba han reconfigurado el tablero regional de una manera que nadie la imaginaria años anteriores. En ese escenario, la República Dominicana enfrenta una pregunta que no puede esquivar: ¿debe responder a la crisis cubana con la misma firmeza con que respondió a la crisis venezolana, o el caso requiere una lectura distinta?
La respuesta no es simple, y cualquier análisis honesto debe comenzar por reconocer esa complejidad. Pero lo que sí está claro es que el silencio no es una opción viable para un país que, bajo la administración del presidente Luis Abinader, ha construido una doctrina de política exterior fundada en un principio declarado sin ambigüedades: ‘República Dominicana estará siempre del lado de los interese de EEUU, donde sea, cuando sea y ante quien sea’. Esa frase no es solo un eslogan; es un compromiso que ya tuvo costos concretos Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Santo Domingo y que ahora nos coloca ante un nuevo desafío.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha aplicado contra Cuba una política que analistas califican como un ‘bloqueo quirúrgico’: un diseño integral que no busca una invasión militar, sino el colapso económico progresivo del régimen. En enero de 2026 firmó una orden ejecutiva declarando emergencia nacional, autorizando aranceles adicionales a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. Desde entonces, su administración ha impuesto más de 240 sanciones nuevas que afectan los sectores de energía, defensa, minería y finanzas. El resultado ha sido devastador para la economía cubana; la isla acumula una caída del PIB superior al 23% desde 2019, con una contracción proyectada de entre 6.5% y 7.2% solo en 2026.
El propio Trump ha resumido su estrategia con una frase directa: ‘Cuba va a caer también’. Y no lo dice como amenaza retórica. La pérdida del respaldo de Venezuela que era la principal fuente de petróleo subsidiado para La Habana ha dejado a Cuba en una situación de asfixia energética sin precedentes en tiempos de paz. Las aerolíneas internacionales han suspendido vuelos, los apagones son generalizados y el régimen de Díaz-Canel ha iniciado, discretamente, conversaciones con la administración estadounidense. Marco Rubio, secretario de Estado y figura clave de la política cubana en Washington, se reunió incluso con el nieto de Raúl Castro en el margen de una cumbre del CARICOM, explorando términos de alivio de sanciones a cambio de reformas graduales.
La apuesta de Trump no es la guerra: es el hambre como instrumento de cambio de régimen. Y eso plantea un dilema moral y diplomático para todos los países del hemisferio, incluida la República Dominicana, sobre todo cuando mañana podríamos ser nosotros lo que estemos en situaciones similares si no actuamos conforme al imperio.
Para entender qué podría hacer la RD frente a Cuba, es indispensable revisar lo que hizo frente a Venezuela. El gobierno de Abinader fue, dentro del contexto caribeño, uno de los más firmes en el cuestionamiento al fraude electoral de julio de 2024. No reconoció la reelección de Maduro, impulsó la Declaración de Santo Domingo firmada por 22 países y la Unión Europea, aceptó la expulsión de sus representantes diplomáticos de Caracas sin retroceder en su postura, y cuando Estados Unidos capturó a Maduro en enero de 2026, el presidente Abinader fue consecuente: aplaudió la posibilidad de que Venezuela iniciara una transición democrática y restableció las relaciones comerciales y consulares con Caracas bajo la nueva realidad política.
Esa trayectoria la República Dominicana consiguió una credibilidad democrática inusual para un país pequeño del Caribe. A diferencia de naciones que callaron por miedo a perder preferencias comerciales o flujos de petróleo, nuestras autoridades hablaron, aunque le costara. Ese capital político no se construye de la noche a la mañana, y se puede perder con una sola que se entienda que no se ajusta a la realidad del momento.
El riesgo ahora es exactamente ese: que, frente a Cuba, el gobierno dominicano decida que la prudencia aconseja el silencio, cuando en realidad lo que la prudencia aconseja es hablar con inteligencia.
Una postura responsable exige reconocer que Cuba y Venezuela, aunque ambas sean gobierno de fuerzas que empobrecieron sus pueblos, no representan el mismo tipo de caso para la política exterior dominicana. En Venezuela, el argumento democrático era nítido: hubo elecciones y un ganador reconocido por observadores internacionales que nunca pudo asumir. El fraude era verificable. La posición dominicana tenía un fundamento técnico y moral de primer orden.
Cuba, en cambio, nunca ha celebrado elecciones multipartidistas. No hay actas que reclamar ni un candidato opositor que defender en los términos convencionales del derecho electoral internacional. El régimen castrista es autoritario desde hace 67 años, y lo ha sido de manera tan sistemática que el propio debate sobre su ilegitimidad tiene una dimensión histórica que lo hace cualitativamente diferente. A esto se suma que Cuba tiene una presencia en la región mediante acuerdos de cooperación médica, vínculos culturales y flujos migratorios que crea realidades prácticas complejas para sus vecinos caribeños.
Hay además una dimensión humanitaria que ningún gobierno responsable puede ignorar; las sanciones de Trump no golpean solo al aparato represivo del Estado cubano. Golpean a once millones de cubanos que ya viven en condiciones de miseria. El bloqueo al combustible ha generado apagones que afectan hospitales, agua potable y producción de alimentos. Condenar al régimen y al mismo tiempo expresar preocupación por el impacto sobre la población civil no es contradicción, es madurez política en diplomacia.
Conociendo entre ambos regímenes las similitudes y las diferencias, ¿cuál debe ser la posición del gobierno dominicano? La respuesta según mi opinión pasa por tres niveles de acción distintos pero complementarios.
En primer lugar, la República Dominicana debe mantener su voz en favor de los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano. Eso no significa sumarse mecánicamente al discurso de Trump que tiene motivaciones electorales internas muy evidentes, especialmente de cara a la comunidad cubanoamericana de Florida, sino pronunciarse desde sus propios valores y en sus propios términos.
En segundo lugar, la República Dominicana debería usar los foros multilaterales la OEA, el CARICOM, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños para promover una posición regional articulada. Para que no suceda los mismo que con venezolana que la región no tenía un discurso unificado, y lo mismo está ocurriendo con Cuba.
En tercer lugar, y esto es lo más delicado, el gobierno dominicano debe gestionar su relación con Washington con franqueza. Estados Unidos es el principal socio comercial de la República Dominicana, el mercado de destino de sus exportaciones bajo el DR-CAFTA, y la fuente del grueso de las remesas que sostienen millones de familias dominicanas. Esa dependencia real no obliga al silencio: obliga a la inteligencia. Expresar la preocupación por el impacto humanitario del bloqueo sobre la población cubana.
En conclusión, la política exterior de un país pequeño en un mundo de grandes potencias es, siempre, debería de ser una negociación entre principios e intereses. Pero esa negociación no tiene por qué resolverse siempre a favor de los intereses y en detrimento de los principios. La República Dominicana ha demostrado, con el caso venezolano, que es posible pagar los costos de una postura digna y salir fortalecida.
Frente a Cuba, la tentación del silencio será grande. Los países caribeños están aterrorizados de confrontar a una administración Trump que ha demostrado su disposición a usar aranceles y sanciones como instrumento de disciplina geopolítica. Ese miedo es comprensible. Pero ceder a él tiene un precio diferente: el de perder la voz propia, la credibilidad ganada y el liderazgo regional que la RD ha ejercido con sobriedad y eficacia en los últimos años.
La posición ideal no es la del aliado incondicional de Washington ni la del defensor del régimen de La Habana. Es la del país que ha decidido, con convicción y sin ingenuidad, que la democracia y la dignidad humana son valores no negociables tanto cuando el régimen de Maduro como cuando el instrumento de presión es el hambre de un pueblo inocente. Esa posición tiene un nombre en la tradición diplomática: autonomía responsable. Y es, exactamente, lo que la República Dominicana debería ejercer hoy.
