Por José Alberto Blanco
La República Dominicana vive hoy atrapada en una paradoja que desnuda la fragilidad del gobierno del PRM y de Luis Abinader: mientras la ley ordena la indexación salarial para proteger a los trabajadores de la inflación, el Ejecutivo se niega a aplicarla; y mientras se proclama estabilidad energética, los ciudadanos siguen padeciendo apagones que oscurecen hogares, comercios y hospitales.
La deuda con la clase media
La indexación no es un capricho, es un mandato legal. Sin embargo, año tras año, los gobiernos —y este en particular— han preferido ignorarla. El resultado es claro: los salarios pierden valor, los impuestos se vuelven más pesados y la clase media se convierte en el sostén silencioso de un Estado que no devuelve lo que cobra. El PRM ha prometido “evaluar” la indexación, pero la promesa se diluye en tecnicismos y excusas fiscales. ¿Qué significa esto? Que el trabajador dominicano paga más, recibe menos y observa cómo la ley se convierte en letra muerta.
A la par, el sistema eléctrico nacional sigue siendo un símbolo de precariedad. Los apagones, disfrazados bajo eufemismos técnicos, son la evidencia de un Estado incapaz de garantizar lo más básico: luz en la casa, energía en la fábrica, confianza en el futuro. Cada blackout es un recordatorio de que la modernidad prometida se queda en discursos, mientras la realidad golpea con velas y plantas eléctricas.
Entre la indexación incumplida y los apagones persistentes, el PRM se enfrenta a una agonía política: la erosión de su credibilidad. Luis Abinader, atrapado entre la retórica de transparencia y la práctica de evasión, proyecta un liderazgo debilitado. La ciudadanía percibe un gobierno que no escucha, que posterga decisiones y que se refugia en anuncios mientras la vida cotidiana se deteriora.
El costo de la indiferencia
La oposición no necesita inventar crisis: basta con señalar las que el propio gobierno produce. La falta de indexación y los apagones son dos caras de la misma moneda: un Estado que falla en cumplir la ley y en garantizar servicios básicos. Esa indiferencia tiene un costo político que ya se siente en las calles y que amenaza con convertirse en rechazo electoral.
La ciudadanía no puede permanecer indiferente ante un gobierno que incumple la ley y falla en lo esencial. La indexación salarial es un derecho, no una concesión; la energía eléctrica es un servicio básico, no un lujo. Exigir su cumplimiento es defender la dignidad colectiva.
La democracia no se sostiene en discursos ni en promesas incumplidas, sino en hechos concretos que garanticen justicia y bienestar. Es hora de que la voz ciudadana se levante con firmeza: que se cumpla la ley, que se respete la dignidad de los servicios, que se gobierne para la gente y no contra ella.
