Por ANDILIS ALMONTE ADAMEZ.-
Estos últimos días han surgido importantes temas de interés nacional en la palestra pública. Entre el debate de cesantía ante la propuesta de poner un límite de beneficio al trabajador y la indexación de salarios, que según manda la propia ley debió haber sido ajustada hace diez años, me llama la atención la narrativa que se utiliza para «justificar» el quitar o dar beneficios a la clase trabajadora, la que lleva más carga en el sistema, la más vulnerada.
Por un lado, el tema de la cesantía, que parecía haber quedado fuera de discusión, ha vuelto a colocarse en el debate público a partir de nuevas propuestas que plantean “modernizar” este derecho laboral. Entre las ideas más comentadas se encuentra la posibilidad de establecer un límite de seis meses de salario, con el argumento de que esto aliviaría la carga económica de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), para las cuales el pago de la cesantía puede representar una dificultad significativa. Sin embargo, esta sugerencia claramente despertó un alboroto y generó controversia mediática.
Posteriormente, se aclaró que la intención de la propuesta no sería eliminar la cesantía, sino “garantizar empleos formales a más personas”. Sin embargo, este planteamiento resulta, cuando menos, cuestionable, pues presenta una aparente contradicción: se habla de ofrecer más oportunidades mientras, en la práctica, se propone reducir un beneficio que protege a toda la clase trabajadora del país. En el fondo, la medida parece orientada más a aliviar las cargas del sector empresarial que a fortalecer los derechos laborales.
Ante esta situación me surge la pregunta: ¿no sería más efectivo buscar una reducción o flexibilización de los impuestos que enfrentan estas empresas, en lugar de afectar un derecho adquirido por los trabajadores?
*Reducir los impuestos para ayudar el sector empresarial*
Al conversar con emprendedores y propietarios de pequeñas empresas, el denominador común en sus preocupaciones son los altos impuestos, el anticipo y las obligaciones fiscales, mismo motivo por el cual muchos negocios optan por operar desde la informalidad. Por tanto, los impuestos, más que la cesantía misma, son el problema. Y resulta cuestionable que la solución propuesta recaiga sobre el trabajador.
Una empresa, al momento de contratar personal, debe asumir la cesantía como un compromiso previsible, parte de sus responsabilidades desde el primer día. Es un derecho que protege al empleado y que debe formar parte de la planificación financiera del negocio. Además, el tema de la cesantía no es nuevo en el país. A pesar de las discusiones y de este supuesto obstáculo, las inversiones al sector productivo empresarial, en distintos sectores, no han dejado de crecer… o eso es lo que dicen sus mismas estadísticas, si la cesantía fuese un problema no se vería a la República Dominicana como un país donde se pueda emprender e invertir…
*Indexación salarial y su discusión nacional*
Por otro lado, está el tema de la indexación salarial, que no se actualiza desde el año 2017 y que el senador Omar Fernández ha solicitado que esta sea aplicada mediante una resolución dirigida al Poder Ejecutivo, instando al presidente a cumplir con lo establecido en el artículo 327 del Código Tributario.
Actualmente, el Impuesto sobre la Renta (ISR) se aplica a sueldos desde RD$34,685, cuando debido a la inflación y al costo de la vida debería aplicarse a partir de los RD$50,000.
El presidente ha respondido que esto representaría una reducción significativa de la recaudación fiscal. Según estimaciones, el ajuste implicaría más de RD$18,000 millones en “pérdidas” para el Estado.
Entonces surge la narrativa: “Esto afectaría las ayudas sociales”, argumento que parece más una manipulación emocional que una justificación económica real.
Subsidios no es sinónimo de crecimiento, sino todo lo contrario; dice un dicho popular: «Dale a una persona un pescado y comerá un día; enséñale a pescar y no tendrá más hambre». El trabajo del Estado no debería centrarse en sostener ayudas sociales, sino en garantizar servicios públicos de calidad: hospitales, escuelas, transporte, educación y seguridad. Mejorar la calidad de vida de un pueblo no se logra con asistencialismo, sino con políticas estructurales que generen oportunidades reales.
Alardear de crecimiento económico sostenido «logrado» a base de subsidios sociales no lo considero más que una premisa engañosa, un razonamiento que parece engañoso para disfrazar el fracaso de un Estado que no logra garantizar derechos.
*Reducción de gasto público, la promesa que no se cumplió*
Si hablamos del erario, deberíamos empezar por eficientizar el gasto, tema bastante cuestionable dados las escandalosas licitaciones, la calidad de las obras ejecutadas, la falta de garantías en las escuelas, y un sin numero de situaciones que el dominicano de a pie, que está pendiente, ya conoce… no son sus bolsillos los afectados, es el de aquella madre que se levanta a las cinco de la mañana para ir a un trabajo donde ganar RD$30,000 no le garantiza calidad de vida a sus hijos, buena comida, servicio eléctrico funcional y si busca una educación mínimamente decente, por la cual debe pagar más caro, ya que el sistema público no es precisamente sinónimo de excelencia, y, aun así, seguir pagando impuestos al Estado que debería brindarle esos servicios básicos… pareciera que una vez más la balanza pesa aplastando al más débil.
Por sobre todo, en este caso en particular debo concluir diciéndole al gobierno dominicano que Ley no es un instrumento a utilizar «según convenga» existe para cumplirse y punto. En el fondo, tanto la propuesta de limitar la cesantía como la negativa a aplicar la indexación salarial pareciera que son parte de una misma estrategia: jugar con la mente y la necesidad del más débil.
Se construyen discursos que aparentan proteger la economía o fomentar el empleo, cuando en realidad lo que hacen es trasladar el costo de la ineficiencia estatal y la desigualdad estructural al trabajador común, el más débil. Mientras se recortan derechos, se multiplican los privilegios de unos cuantos y al final el desarrollo de un país se mide no por la riqueza de unos pocos, sino por la dignidad con que puede vivir su gente.
