@abrilpenaabreu
La reciente entrada en operación de dos nuevas plantas fotovoltaicas en República Dominicana —Cumayasa 4 y Payita 1, con más de 120 megavatios combinados y la capacidad de abastecer a 235 mil hogares— es una buena noticia. El país avanza hacia una matriz más limpia, reduce la dependencia de combustibles fósiles importados y evita la emisión de cientos de miles de toneladas de CO₂ cada año. Sin dudas, es un paso en la dirección correcta.
Pero toda moneda tiene dos caras. Depender en exceso del sol y del viento en una nación caribeña trae riesgos: la intermitencia natural de las lluvias y nubes, el apagado forzoso de turbinas durante huracanes, y la vulnerabilidad de parques enteros ante fenómenos climáticos cada vez más extremos. En otras palabras: sí, podemos apostar por renovables, pero necesitamos respaldo, almacenamiento y redes resilientes.
Y aquí entra la otra verdad incómoda: el verdadero problema del sistema eléctrico dominicano no es la falta de generación, sino el desperdicio. Nuestro talón de Aquiles está en las pérdidas no técnicas —el robo de energía y la cultura de no pago— y en las pérdidas técnicas de unas redes de distribución antiguas, ineficientes, incapaces de manejar la energía que se genera.
¿Qué sentido tiene celebrar nuevas plantas solares si cerca del 30 % de la electricidad se pierde antes de llegar al usuario? ¿Qué futuro puede tener una transición energética si quienes cumplen y pagan terminan cargando con el peso del fraude y de la infraestructura obsoleta?
La transición energética no será sostenible si no enfrentamos este cáncer estructural. Las renovables son el futuro, sí, pero sin disciplina social, voluntad política y una modernización real de las redes, corremos el riesgo de construir un castillo de energía limpia sobre un terreno de pérdidas sucias.
