@abrilpenaabreu
Gabriela Cartagena Gómez tenía 20 años cuando una lancha la impactó mientras practicaba esnórquel en Bahía de las Águilas. No estaba improvisando ni hacía algo temerario, participaba en una actividad organizada, acompañada por una guía y un grupo de biólogos, y más de un mes después su familia todavía no sabe quién conducía la embarcación que le quitó la vida. Eso solo, ese dato, debería bastar para entender que el problema no fue un accidente sino un sistema que falló antes, durante y después.
La investigación debe identificar al operador de la yola, pero también responder preguntas más amplias que nadie parece estar haciendo en voz alta: ¿quién organizó la excursión y estaba autorizado para hacerlo? ¿Había boyas, bandera de buceo o alguna señal que advirtiera la presencia de personas en el agua? ¿Existía una embarcación de apoyo? ¿Por qué una lancha pudo atravesar ese espacio a una velocidad que aparentemente impidió evitar el impacto? Y si la respuesta que alguien se atreve a ofrecer es que el conductor no la vio, esa respuesta no basta, porque su obligación era mirar, anticiparse y reducir la velocidad, y una persona practicando esnórquel es difícil de distinguir sobre la superficie precisamente por eso, porque requiere mayor protección, no menor atención.
República Dominicana no carece completamente de reglas. El país es parte del convenio internacional COLREG, que obliga a las embarcaciones a mantener vigilancia visual y auditiva y a navegar a una velocidad que les permita maniobrar y detenerse oportunamente. Existe la Resolución 081-2015 del Ministerio de Turismo que prohíbe el uso de embarcaciones de alta velocidad como los Jet Ski en zonas de bañistas, con la Armada Dominicana y el CESTUR como organismos encargados de hacerla cumplir. La Ley 541 Orgánica de Turismo establece que ninguna agencia puede realizar una excursión sin que su plan sea aprobado por la autoridad turística. Y la Ley 358-05 de Protección al Consumidor reconoce el derecho a la vida y la seguridad durante la utilización de un servicio y obliga al proveedor a prevenir los riesgos previsibles.
El problema es que esa Resolución 081-2015 solo se aplica en algunas playas de los polos turísticos, no en todo el litoral, y Bahía de las Águilas, siendo un parque nacional bajo jurisdicción de Medio Ambiente, queda en una zona gris donde no está claro quién regula qué, quién supervisa las embarcaciones que entran y salen, y bajo qué protocolos se autorizan las actividades recreativas en sus aguas. Esa zona gris no es un detalle administrativo, es donde murió Gabriela.
Y este no es el primer caso que coloca bajo sospecha la fiscalización del turismo de aventura. En enero de 2024, Giselly María Abreu Rojas, de 24 años, murió durante una excursión en buggy en Bávaro-Punta Cana, su familia denunció deficiencias en los equipos de seguridad y el Intrant terminó sancionando a la compañía con RD$200,000 por incumplimientos, una cifra que dice poco sobre la seriedad con que este país trata la vida de quien paga por una excursión. Armando Medina, venezolano de 34 años, participó en 2020 en una excursión a isla Saona y consumió una bebida suministrada por la empresa organizadora que contenía metanol, quedó cuadripléjico y murió tres años después, y la licencia de la agencia fue suspendida solo cuando el caso adquirió notoriedad. Son accidentes diferentes pero comparten una realidad que este país no quiere nombrar con claridad: las irregularidades se descubren después de las víctimas.
La aventura nunca está completamente libre de riesgos y nadie puede garantizar que no ocurra ningún accidente, pero existe una diferencia enorme entre un peligro inevitable y uno provocado por falta de señalización, delimitación de áreas, límites de velocidad, guías certificados e inspecciones que ocurran antes de las tragedias y no después.
Pedernales está llamado a convertirse en uno de los principales destinos del país. Pero un polo turístico de clase mundial no se construye únicamente con hoteles, carreteras, puertos y aeropuertos, también necesita corredores marítimos organizados, áreas de esnórquel claramente delimitadas, embarcaciones identificadas con sus operadores registrados y un sistema de supervisión que funcione todos los días y no solo cuando hay una cámara apuntando.
El Ministerio Público debe establecer quién impactó a Gabriela. Turismo debe explicar quién organizaba la actividad y si estaba autorizado. La Armada debe informar cuáles reglas de navegación aplican en Bahía de las Águilas. Medio Ambiente debe aclarar cómo se regulan las actividades recreativas dentro del Parque Nacional Jaragua. Y todas esas respuestas deberían llegar antes de que la familia de Gabriela tenga que seguir preguntando sola quién mató a su hija.
Quien compra una excursión acepta vivir una experiencia emocionante. No acepta convertirse en víctima de la improvisación. Y en República Dominicana, la seguridad turística no puede seguir comenzando después de recoger a los muertos.
