El Pregonero, Santo Domingo .- La empresa propietaria del Residencial Don César, de Las Terrenas, Samaná, denunció que abogados, alguaciles y empleados judiciales de dicha provincia ejecutan acciones en su perjuicio.
Según Caroline Julie Reviglio, presidenta la razón social Comercial Tomillo, S.A., propietaria del inmueble, por años los actores judiciales “actuando en conjunto han orquestado todo un entramado mafioso” para accionar de forma “abusiva y desalmada” en su contra.
Explica que, a pesar ser los propietarios del citado inmueble desde 2006, el pasado día 29 del mes de junio, de forma “sorpresiva y sin haber sido regular, valida y debidamente citados a audiencia”, se conoció un proceso de venta en pública subasta sobre 80 apartamentos del referido residencial, con un valor aproximado cada uno de US$ 200 mil, por una supuesta deuda de US$ 223,722.48, reclamada por la compañía Edificaciones Ignacio Gómez, SRL., “audiencia de la cual solo nos enteramos luego de haberse efectuado la misma”.
Para la denunciante esa acción constituye “un absurdo” ya que el 2 de julio de 2018, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago emitió la sentencia marcada con el No. 1498-2018- SSEN00221 con relación a dicha deuda.
“La referida deuda fue compensada, razón por la cual la misma se tornó en inexistente, pero más aún dicho tribunal, además, condeno a la razón social Edificaciones Ignacio Gómez, SRL., a pagar a la razón social Comercial Tomillo, S.A., la suma de RDS$ 5,300,078.96, más intereses indemnizatorios”, manifestó Reviglio en un documento que hizo público.
Expuso que esas acciones de abogados, alguaciles y empleados judiciales de Samaná ha consternado a toda la comunidad de Las Terrenas y a los inversionistas, socios y empleados de esta empresa y del Residencial Don Cesar.
La presidenta de Comercial Tomillo, S.A. externó que esos actos en su perjuicio crean un clima de incertidumbre, lo que podría, en caso de no ser corregido, poner en peligro y crear desincentivo a la inversión extranjera, por ser atentatorio a la segundad jurídica.
En ese sentido, llama a las más altas instancias de sistema de justicia dominicano a no permitir “el atropello rampante que pretende ejecutarse en nuestra contra”.
“En virtud de lo expuesto anteriormente solicitamos de las autoridades judiciales, evitar que nuestras garantías constitucionales, se vean violentadas por el ejercicio abusivo y afán de lucro de personeros que hoy nos quieren ver de rodillas a través de acciones ilegales imprudentes, extemporáneas, insanas y desproporcionadas”, expresó.
