Por Nena Rodriguez
El Pregonero, Santo Domingo.- El periodista Elvin Castillo expresó que deben ser sancionados el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla y el director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación. Bartolomé Pujals, a raíz de que supuestamente existe un contrato superior a los 295 millones de pesos por alquiler de un local inexistente en Punta Cana.
“Espero que después de lo que Odalis ha presentado al país hoy, no mañana, y qué bueno que el lunes la semanal, ¿verdad?, haya consecuencias, yo voy a ver si es verdad que el presidente no va a tomar decisiones contundentes con relación a esto, con este caso que ha presentado”, expresó Elvin Castillo.
La declaración viene a raíz de un reportaje presentado en el programa “Toda la Verdad”, conducido por la periodista Odalis Castillo, donde, en franca violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC), que dirige Bartolomé Pujals, adjudicó un contrato superior a los 295 millones de pesos por alquiler de un local inexistente en Punta Cana a una empresa cuyo beneficiario final es el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla.
Elvin Castillo criticó que la denuncia señala que la OGTIC adjudicó RD$300 millones de pesos para instalar una oficina en una plaza comercial inexistente, ya que el terreno no tenía ni un bloque construido.
“OGTIC eligió seis potenciales plazas comerciales donde iba a colocar esta oficina, ¿verdad? De las seis, terminó descartando cuatro y se quedó con dos finalistas, una, que es una plaza comercial en la zona de Bávaro Punta Cana, que existe, que está realizada, y otra, que ni siquiera tiene una grava; no hay ni un blog colocado en el terreno donde la propia OGTIC en un documento motivó las razones por las que elegía esa plaza para abrir esta oficina. O sea, la OGTIC es un documento motivando, diciendo «No, lo que pasa es que esa plaza tiene”, sostuvo.
Asimismo, señalo que, a pesar de esto, se justificó la elección con documentos oficiales, violando leyes al usar un intermediario en lugar del propietario directo, quien resultó ser el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla.
¿Por qué ocurre que ni siquiera un bloc había colocado ahí y ya habían adjudicado 300 millones de pesos a un supuesto oferente con llave en mano, incluso en un momento, tipificaron dentro del contrato de adjudicación la obra?, asumió.
Castillo dejó entrever que este caso expone un intento de desvío de fondos públicos y genera cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión gubernamental, y pone en entredicho la capacidad de los organismos reguladores para prevenir y sancionar estos actos de corrupción, comentado que en la investigación reveló que el propietario real del terreno es Carlos Bonilla, ministro de Vivienda, y que el intermediario estaba vinculado a la campaña presidencial como financista.
