Por Elvin Castillo
La indignación por la licitación de RD$630 millones para comprar ingredientes de habichuelas con dulce no nació porque el Estado quisiera ayudar a familias de escasos recursos. Esa asistencia puede ser legítima y necesaria. La molestia surgió al ver ese gasto en medio de una presión creciente sobre los bolsillos y de un discurso que pide sacrificios a los ciudadanos.
La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, DASAC, anunció la cancelación del proceso para preparar kits que serían distribuidos durante la Semana Santa de 2027. La institución dijo que revisará la pertinencia, los costos y los resultados de la iniciativa. Cancelarla fue una respuesta a la indignación, pero deja una pregunta pendiente: ¿con qué criterio se deciden las prioridades del gasto público?
La coincidencia con el aumento del marbete hizo más difícil de explicar la licitación. Para el período 2026 y 2027, la tarifa pasó de RD$1,500 a RD$2,000 para los vehículos fabricados hasta 2021, y de RD$3,000 a RD$4,000 para los fabricados desde 2022. La DGII estima que el ajuste producirá RD$1,175 millones adicionales. Es un aumento de 33.3% en ambos tramos, justo cuando muchas familias intentan cubrir gastos cada vez más altos.
A esto se suman los combustibles, los peajes, el transporte y el costo de los alimentos. No todos esos precios aumentan cada semana, pero sus ajustes repercuten directamente en el presupuesto familiar. Para la semana del 7 al 13 de noviembre, por ejemplo, la gasolina premium y el gasoil óptimo subieron RD$4 por galón, mientras otros combustibles se mantuvieron congelados. En septiembre, transporte, alimentos y educación explicaron juntos el 85.05% de la variación mensual del índice de precios al consumidor.
También hay que hablar de la electricidad. Es cierto que la tarifa oficial no ha aumentado desde 2022, pero eso no describe lo que muchos usuarios dicen estar pagando. Hay familias que denuncian facturas que suben 200% y hasta 600%, sin que el aumento de su consumo parezca justificarlo. El Gobierno atribuye parte de esas variaciones al sistema de tramos: al pasar a uno superior, sube el costo por kilovatio. Pero esa explicación no despeja automáticamente las dudas sobre cada factura. La gente sospecha que parte de las ineficiencias y pérdidas del sistema termina reflejándose en lo que paga. No se puede dar esa sospecha por probada sin investigar cada caso; sí se puede exigir que las distribuidoras expliquen y auditen aumentos de esa magnitud.
Mientras tanto, el Estado había transferido RD$98,132.8 millones a las distribuidoras hasta el 23 de octubre. Si continúa el ritmo registrado, las transferencias podrían llegar a RD$121,000 millones al cierre de 2026. Las pérdidas de las EDE rondaban el 39% y, en julio, Edeeste reportó un alarmante 56.7%.
El subsidio eléctrico se traga miles de millones, las pérdidas siguen desbordadas y, para colmo, en el primer semestre de 2026 la nómina de las EDE aumentó un 3% con más de 200 trabajadores nuevos. Es la tormenta perfecta de la ineficiencia: pagamos más subsidio para recibir peor servicio, mientras se incumple la meta del Pacto Eléctrico de reducir las pérdidas a un máximo de 15%.
El debate energético también debe revisar la planificación de la generación y los contratos de compra de energía. Punta Catalina demostró que el Estado puede participar en la generación eléctrica. Por eso es legítimo preguntar si se evaluaron a tiempo nuevas inversiones públicas y cómo se garantiza suficiente energía a un costo sostenible, exigiendo transparencia total sobre los contratos y sus resultados.
Y mientras los servicios no responden como deberían, la nómina pública continúa creciendo. Al cierre de 2025 se registraban 773,025 empleados públicos, 33,804 más que un año antes, un aumento de 4.6%. En una década, la nómina sumó más de 255,000 trabajadores. La pregunta es si ese crecimiento se ha traducido en servicios mejores, instituciones más eficaces y una atención más digna para la gente. Si el gasto sube, pero la ciudadanía sigue encontrando servicios deficientes, filas, trabas y respuestas tardías, el Gobierno tiene que explicar qué resultados concretos está produciendo ese dinero.
Los tecnócratas suelen repetir que la República Dominicana tiene una presión tributaria baja, proyectada en 15.3% del PIB. Lo engañoso de ese argumento es presentarla como prueba de que las familias soportan poca carga. Esa cifra no incluye lo que los hogares pagan para sustituir servicios públicos que no reciben con la calidad necesaria.
En este país, muchas familias sienten que tienen que hacerlo todo dos veces. Pagan impuestos y, además, pagan colegios privados porque la escuela pública no ofrece garantías. Pagan seguros y consultas privadas ante la precariedad de los hospitales. Pagan inversores y plantas eléctricas cuando el servicio falla. Instalan cámaras y alarmas porque la seguridad no es suficiente. Y compran un vehículo porque el transporte público no permite llegar a tiempo. Cuando el servicio público es insuficiente, el hogar termina pagando una alternativa privada que reduce drásticamente el dinero disponible para alimentación, ahorro y bienestar.
Por eso preocupa que, después de un paquete fiscal aprobado este año para captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, vuelva a plantearse la necesidad de otra reforma. El ministro de Hacienda dijo recientemente que el país tendrá que debatir un nuevo pacto fiscal. Pero la pregunta ciudadana es inevitable: ¿por qué la conversación empieza otra vez por los ingresos y no por revisar, institución por institución, la calidad y eficiencia del gasto?
Antes de pedirle más al ciudadano, el Estado debe presentar una revisión seria de sus nóminas, exenciones, subsidios, contratos y gastos innecesarios. El gasto tributario por exenciones y tratamientos preferenciales fue calculado en RD$393,541 millones para 2026, equivalente al 4.54% del PIB. Cada uno de estos incentivos debe evaluarse y medirse por sus resultados reales.
La clase media y quienes se han formalizado están cansados de que se les apriete con nuevos impuestos y fiscalizaciones, mientras no se demuestra un esfuerzo equivalente para sanear el gasto. Una política que solo mira la caja fiscal y trata la vida cotidiana como una simple variable de ajuste, una visión tecnocrática que prioriza los números fríos por encima del costo humano y social, termina asfixiando al que cumple y premiando la ineficiencia estructural.
A esa presión se suma la facturación electrónica, obligatoria desde el 1 de noviembre para grandes y medianos contribuyentes. Perseguir al que se formalizó, sin facilitar la incorporación de quienes operan en la informalidad, es una política incompleta. Si formalizarse significa más costos y trabas mientras el Estado no mejora, se empuja a más empresas a la clandestinidad, alimentando un círculo vicioso de miopía económica.
El problema no es recaudar más por recaudar. El problema es que cada peso adicional que entra al Estado parece encontrar el mismo agujero por donde se fueron los anteriores.
El problema no eran las habichuelas. Era la señal de prioridades que transmitía una licitación de ese monto mientras se les exige más a los ciudadanos y se acumulan necesidades urgentes.
La próxima vez que un funcionario hable de una “inevitable reforma fiscal”, la respuesta ciudadana debe ser tajante: el problema no es que falten recursos; el problema es que el Estado se niega a sanear sus propias goteras antes de vaciar los bolsillos de la gente.
