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El nuevo Código Penal eleva la necesidad de gestión reputacional de las empresas y directivos

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El Pregonero, Santo Domingo. — La promulgación de la Ley núm. 74-25, que establece el nuevo Código Penal en la República Dominicana, supone un punto de inflexión donde la gestión del riesgo penal se desplaza definitivamente de los estrados judiciales hacia la percepción pública, la reputación de marca y la gobernanza corporativa. Así lo establece LLYC, firma global de Marketing y Asuntos Corporativos en el análisis sobre el impacto reputacional del nuevo Código Penal (Ley 74-25), que advierte que la imputación directa de las personas jurídicas sitúa la confianza de los consumidores y socios comerciales en la primera línea de riesgo.

Bajo el nuevo estándar legal, cualquier investigación por corrupción, fraudes, fallos de seguridad industrial, acoso laboral o brechas de datos trasciende de inmediato el ámbito legal para convertirse en un cuestionamiento sobre la ética institucional de la empresa. Un señalamiento público antes de recibir sentencia definitiva puede provocar pérdidas irreparables de clientes, retiro de líneas de crédito bancario y la parálisis de proyectos estratégicos.

Ante este escenario, se genera un juicio de la opinión pública, el cual representa la principal amenaza para la continuidad de los negocios desde el enfoque reputacional. Las medidas cautelares conllevan una carga en la percepción de los grupos de interés o stakeholders hacia la empresa señalada, aunque no se haya dirimido el tema en tribunales.

De ahí, que el mapa de riesgos se extiende a situaciones operativas y contractuales del día a día corporativo, ante ello las empresas dominicanas deben prever mediante narrativas corporativas sólidas y estrategias preventivas de comunicación de crisis.

Iban Campo, Director General de LLYC en República Dominicana, afirma que “frente a la percepción de la norma como un costo o una amenaza, las empresas tienen la oportunidad de convertir la ética transparente y el blindaje reputacional en un factor de diferenciación competitiva. Comunicar con transparencia los compromisos de integridad y contar con canales éticos de denuncia fortalece la lealtad de las audiencias clave y resguarda el activo más valioso de cualquier entidad: su reputación“.

Con el objetivo de resguardar este activo, LLYC recomienda avanzar en el proceso de blindaje reputacional e institucional mediante la realización de una auditoría de vulnerabilidad reputacional que permita identificar y evaluar la exposición de la marca ante los nuevos delitos, cerrando brechas de percepción antes de que se conviertan en crisis mediáticas. Además, resulta indispensable diseñar protocolos de crisis y vocería alineados al ámbito legal, estructurando manuales de gestión, narrativas corporativas y pautas de vocería en completa sincronía con la estrategia de defensa legal de la organización.

Complementariamente, se debe impulsar una narrativa de cultura ética que proyecte los programas de cumplimiento interna y externamente como un valor diferencial para reforzar la confianza de la banca, accionistas y reguladores. Este esfuerzo se consolida mediante programas de sensibilización interna y el fortalecimiento de los canales éticos, capacitando a ejecutivos y personal operativo sobre el nuevo Código Penal para afianzar la prevención y garantizar la efectividad de las denuncias anónimas.

La Ley 74-25 redefine el concepto de gobernanza corporativa en el país, demostrando que la mejor defensa legal empieza por una sólida estrategia de reputación. Campo también indicó que ”las marcas que asuman un liderazgo ético proactivo no sólo minimizarán su exposición judicial, sino que transformarán el cumplimiento normativo en una ventaja diferencial frente a la competencia”.

 

Acerca de LLYC

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