Por Abril Peña
Creo que el fideicomiso público bien diseñado, es una herramienta que permite al gobierno organizar y gestionar ciertos proyectos, sin la lentitud y las trabas tradicionales de la burocracia del aparato del Estado. El reto está en hacerlo con reglas claras, eficientes y de calidad que repercutan al final en beneficio de todos los dominicanos; el tema está en que carecemos de esas reglas, no existe una legislación específica de fideicomiso público que por razones obvias es muy distinto al privado, lo que en caso de algún problema nos dejaría algo huérfanos, solo con las reglas del derecho común o con las establecidas en los contratos entre las partes, según sea el caso, y este contrato en específico tendría fuerza de ley puesto que estaría aprobado por el Congreso, ésto significa que los 14 fideicomisos sugeridos por el gobierno hasta la fecha son diferentes, no sólo en el fondo, sino en forma y en el caso tendencia del momento y el centro de este artículo : el fideicomiso de Punta Catalina, al parecer adolece de algunas debilidades que podrían causar problemas a futuro, de no ser subsanados en el Congreso
El comité técnico creado, tiene dualidad de funciones con la administración de Punta Catalina lo que encarecería su gestión, sin contar que límites entre una y otra no están muy claros, para colmo el mismo no tiene vinculación con el sector público, a diferencia de los demás fideicomisos, cuyos miembros son instituciones, en este tenemos nombres y apellidos, no queda muy claro si como patrimonio del Estado podrían ser supervisados por Compra y Contrataciones, Ética y Transparencia o la Contraloría General de la República o si como se cree, tendrían tal independencia que les permitiría comprar, contratar servicios, escoger fideicomitentes adherentes e incluso endeudarse, sin tener que pasar por ningún filtro, con el agravante que todo quedaría protegido bajo el secreto fiduciario y que las deudas no habría que registrarlas como deuda públicas, ni informarse, ni pedir aprobación al congreso y no hay ninguna garantía que al final del fideicomiso (dentro de 30 años) se hayan saldado y las mismas recaerían sobre el Estado.
Estamos aportando 9 Millones de dólares en terrenos, la instalaciones de la planta, más $1,000,000.00 de dólares y 100 millones de pesos, pero no está muy claro qué ganaremos en el proceso y dando tanto poder, sin seguros que nos protejan, sólo basado en la mutua confianza, mientras el comité técnico genera costos y posibles deudas que luego recaerían sobre nosotros; de no revisarse ésto podríamos estar ante el negocio del siglo para unos y el negocio del capa perro para otros, o ante la reedición del contrato aquel de Barrick Gold, el de los peajes sombra o la planta aquella que estamos pagándole para mantenerla apagada porque sale más barato que prenderla.
Lo que sí queda claro, es que después de satanizarla tanto, Punta Catalina no sólo ha demostrado que es necesaria, a juzgar por los apagones cuando está fuera de servicio, si no que además ¡es rentable! ; no fué tan mala decisión hacerla después de todo, porque no es verdad que habrían fideicomitantes si ésta dejara pérdidas.
Nada pierde el Poder Ejecutivo en revisar lo que a la mayoría nos preocupa, porque los «errores» y eso esperamos que sean, pueden suceder, lo que no puede ser es que se empecinen y usen el Congreso de sello gomígrafo para aprobar algo que a todas luces tiene fallas ¡y qué fallas!.
Una pregunta me queda, ¿leyeron los diputados que tan alegremente aprobaron el «contrato»? Porque a todas luces parece que no.
Por último tienen razón los oficialiastas cuando dicen que no están privatizando Punta Catalina ¡ni falta les hace! » un contrato» de exclusividad por 30 años, no necesita más. ¿Alguien sabe la vida útil de Punta Catalina?
