Por Felix Rosario Labrada
Santo Domingo crece. Lo hace de noche y de día, entre el ruido de grúas, el avance de excavadoras y el reclamo de comunidades que ven transformar sus sectores sin que nadie les haya consultado. A lo largo y ancho del Distrito Nacional, la presión del desarrollo inmobiliario, mayoritariamente privado, remodela calles, consume o elimina áreas verdes, eleva torres donde antes había casas y desplaza a familias enteras hacia las periferias. Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de nuestra capital, pero sí adquiere aquí una urgencia particular: Santo Domingo es una ciudad que aún no ha terminado de decidir qué quiere ser, y esa indecisión le cuesta, cada día, calidad de vida a sus habitantes.
El Distrito Nacional, con sus 91 km² y casi un millón de habitantes, cifra que la Oficina Nacional de Estadísticas proyecta en 1.1 millones para el 2030, es el territorio más densamente habitado del país. A escala global, la ONU estima que para el año 2050 el 69% de la población mundial vivirá en centros urbanos, y en América Latina esa proporción alcanzará el 89%.
Estamos ante una transformación civilizatoria de proporciones históricas. En ese contexto, permitir que el crecimiento urbano sea dictado casi exclusivamente por la lógica del mercado inmobiliario, sin una planificación sólida ni una participación ciudadana real, equivale a construir el futuro con los ojos vendados.
El filósofo Henri Lefebvre advirtió en su obra El derecho a la ciudad (1968) que la industrialización y los intereses del mercado tienden a subordinar la ciudad —espacio de encuentro, de obra colectiva, de valor de uso— a la lógica del valor de cambio. En otras palabras: cuando el suelo urbano se convierte principalmente en una mercancía, la ciudad deja de ser un bien común para transformarse en un negocio.
Cincuenta y siete años después, esa advertencia resuena con particular intensidad en el Distrito Nacional, en Gazcue, donde el patrimonio arquitectónico cede ante la especulación; en La Puya, La Yuca o El Manguito, donde la densificación no ha venido acompañada de servicios ni espacios públicos dignos; en decenas de avenidas donde la calle, esa gran forma urbana que Lefebvre defendía como espacio vital, ha sido reducida a un corredor para automóviles.
El boom inmobiliario que experimenta el Distrito Nacional en las últimas décadas no es en sí mismo un mal. Las ciudades deben crecer y renovarse. El problema radica en cómo crece, sin criterios de equidad, sin integración de usos, sin respeto por la escala humana de los barrios o sectores y, sobre todo, sin garantizar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los que habitan la ciudad y no solo a quienes pueden pagar por vivir en sus zonas más privilegiadas. Los grandes proyectos residenciales y comerciales se concentran en el polígono central y en sus ejes principales, incrementando la congestión vial, sobrecargando redes de agua y electricidad dimensionadas para otra época, y expulsando hacia las periferias a los sectores de menores ingresos. El resultado es una ciudad cada vez más fragmentada y desigual.
Lefebvre criticaba el urbanismo funcionalista que reduce la ciudad a una sumatoria de funciones, trabajar, habitar, circular, consumir, empobreciendo la riqueza de la vida urbana. Ese modelo, produjo barrios dormitorio sin identidad, torres de apartamentos sin plaza, zonas comerciales sin acera.
El Distrito Nacional heredó esos vicios y los reprodujo sin reflexión crítica. Hoy, los proyectos inmobiliarios de gran escala suelen planificarse mirando hacia adentro, el edificio, el condominio cerrado, el estacionamiento propio, ignorando su impacto sobre el tejido urbano que los rodea: la calle que se estrecha, el árbol que se tala, el vecino que pierde la luz o ve multiplicado el tráfico frente a su casa.
El suelo urbano es el recurso más escaso e irrecuperable de todos. Como señala la Land Community Act de 1975, citada por el profesor Tomas Ramón Fernandez en su obra Manual de Derecho Urbanístico, “su oferta es fija: no puede crearse ni importarse, y toda decisión sobre él tiene consecuencias irreversibles para las generaciones futuras”.
En un Distrito Nacional que apenas cuenta con el 8% de su superficie como área verde, muy por debajo del estándar de 9 m² por habitante recomendado por la OMS, cada metro cuadrado que se sacrifica sin planificación es una deuda con el medio ambiente y la sociedad que se va acumulando.
¿Qué ciudad queremos construir? La respuesta no puede ser ni el inmovilismo de quienes rechazan todo cambio, ni la voracidad constructiva que ignora el interés colectivo. El camino es el de la ciudad democrática, aquella que densifica con calidad y con criterio, que mezcla usos y grupos sociales, que prioriza al peatón y al transporte público, que garantiza acceso equitativo a parques, escuelas, salud y empleo para todos sus habitantes. Al tiempo que se ejecuta el hecho individual de la construcción de un edificio, se está llevando a cabo el hecho colectivo de la construcción de la ciudad. Esa idea, que sintetiza el pensamiento de Lefebvre, debería estar grabada en la conciencia de cada promotor, cada técnico municipal y cada funcionario que firma un permiso de construcción.
Para el Distrito Nacional, esto implica al menos tres transformaciones urgentes. Primero, actualizar y hacer cumplir el marco normativo: las resoluciones urbanísticas vigentes deben ser revisadas, eliminando las contradicciones que generan discrecionalidad y conflictos. Segundo, democratizar la planificación: los procesos de consulta pública deben dejar de ser trámites formales para convertirse en mecanismos reales donde los sectores populares tengan la misma voz que los promotores y los gremios profesionales. Tercero, exigir que el desarrollo inmobiliario contribuya al bien común: las grandes obras deben incorporar estándares de impacto urbano que incluyan compensaciones en movilidad, infraestructura y espacios públicos, de manera que quien se beneficia del suelo de la ciudad también devuelva algo a quienes la habitan.
Lefebvre concluía que el derecho a la ciudad solo puede formularse como derecho a la vida urbana transformada y renovada. El Distrito Nacional del futuro no es la ciudad congelada en el tiempo de los nostálgicos ni la ciudad-mercado de los especuladores. Es la ciudad que aún no hemos construido: diversa, justa, habitable, viva. Construirla exige valentía institucional, planificación con visión de largo plazo y, sobre todo, la convicción de que la ciudad no pertenece a sus inversores sino a sus habitantes. Esa es la conversación que Santo Domingo necesita tener, y necesita tenerla ahora.
