Por Juan Manuel Morel Pérez
El autor es Abogado, Magíster en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD j.morelperez@gmail.com Twitter @ElgranMorel.
El derecho de acceso a la información pública en la República Dominicana no es un capricho ni una concesión: es un derecho fundamental consagrado tanto en la Constitución como en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. Este derecho forma parte de la transparencia, la rendición de cuentas y el control ciudadano.
La Constitución, en su artículo 49, establece que “toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía”. La Ley 200-04, promulgada el 28 de julio de 2004, refuerza este mandato al disponer que “toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano”.
Con ese marco legal claro y contundente, el pasado viernes, como parte de un esfuerzo que se desarrolla desde el Observatorio de Seguridad, Defensa y Geopolítica RD, solicité información pública de la Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta: presupuesto aprobado y ejecutado para su remodelación, soportes de gastos, perfil del director, origen y aplicación de fondos entre septiembre de 2022 y enero de 2026, nómina de empleados y docentes, y pagos de viáticos por viajes al exterior en ese mismo período. Esa información no es un favor: es un derecho.
La respuesta, sin embargo, fue una llamada telefónica desde el número 809-604-3465. La consultora jurídica de la escuela, siguiendo instrucciones del general Ambiorix De Jesús Cepeda Hernández —el mismo que ya había sido requerido por informaciones sobre las finanzas de la Escuela de Graduados de Derechos Humanos— me convocó a una reunión, con él, solo o acompañado. Esa convocatoria no es transparencia, es presión.
No es apertura, es intimidación. Es un intento de bloquear el acceso a la información pública y de convertir un derecho en un privilegio condicionado.
La transparencia no se negocia en oficinas cerradas ni se discute en reuniones privadas.
La información pública no se filtra ni se manipula. Convocar a un solicitante a una reunión en lugar de entregar la documentación solicitada es un retroceso, una práctica que recuerda los tiempos de opacidad y miedo. Pero el miedo quedó en este país en el baúl de un carro el 30 de mayo de 1961.
Hoy la ciudadanía exige transparencia, ética y rendición de cuentas. Por eso denunciaré esta acción ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, porque no se trata de un caso personal: se trata de defender el derecho colectivo a la información, la integridad de la administración pública y la dignidad de un pueblo que no acepta intimidaciones.
El director de la Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta debe entender que la confianza se construye con apertura, no con presiones. La transparencia es un deber, no una concesión. Y quienes intenten bloquearla se encontrarán con una ciudadanía vigilante, consciente y decidida a reclamar lo que le pertenece: la verdad sobre el uso de los recursos públicos.
Que no olviden que la sede de las Fuerzas Armadas está frente a la Plaza de la Bandera, símbolo vivo de la lucha ciudadana y recordatorio de que este país ya no se arrodilla ante el miedo ni ante la opacidad.
Y desde este espacio responsabilizo directamente al general Ambiorix De Jesús Cepeda Hernández de cualquier represalia, persecución o intento de intimidación que pueda derivarse de esta denuncia. La ciudadanía no tolerará que se utilicen las instituciones públicas para acallar voces críticas ni para obstaculizar el ejercicio de derechos fundamentales.
