Por Carlo Lara
Hay momentos en los que una sociedad está obligada a detenerse, mirar lo que está ocurriendo y preguntarse hacia dónde quiere caminar. Lo sucedido en la República Dominicana durante las últimas semanas debe llevarnos precisamente a esa reflexión.
Una sucesión de asesinatos, asaltos y hechos violentos ha provocado preocupación e indignación entre los ciudadanos. Mientras familias dominicanas intentan desarrollar su vida con normalidad, determinados grupos vinculados a actividades delictivas parecen desafiar a las autoridades y poner a prueba la capacidad del Estado para garantizar la seguridad.
Y frente a ese desafío hay algo que considero fundamental decirlo sin rodeos: el crimen no puede imponer su ley.
La Policía Nacional, particularmente la Dirección Central de Investigación (DICRIM), ha desarrollado operaciones dirigidas contra personas señaladas como responsables de distintos hechos criminales. Es precisamente en circunstancias como estas cuando la autoridad tiene que demostrar que el Estado conserva el control de las calles y que quien decide violar la ley tendrá que responder ante ella.
Cuando la violencia toca la puerta
Uno de los casos que más ha estremecido a la sociedad dominicana es el ocurrido en la residencia del merenguero Gilberto Julián Saranta, conocido como Julián Oro Duro.
Según informó la Policía Nacional, un grupo de asaltantes penetró a la vivienda. Su esposa, Ceneida Socorro Castillo, de 60 años, murió como consecuencia de golpes y heridas provocadas con un arma cortopunzante, mientras el artista permanece recibiendo atenciones médicas.
No se trata solamente de una noticia más. Detrás de ese hecho existe una familia destrozada, una vida perdida y una sociedad que vuelve a preguntarse hasta dónde puede llegar la violencia cuando quienes la ejercen pierden todo respeto por la vida humana.
El caso generó tal impacto que el presidente Luis Abinader se pronunció públicamente e instó a los involucrados a entregarse a las autoridades, señalando que hacerlo por esa vía les resultaría más favorable.
Otro hecho que estremeció a la población ocurrió en Boca Chica, donde un tiroteo registrado en la zona de Los Coquitos dejó muertos a Jonathan Villanueva, de 26 años, y Jesús Alexis Delgado Ortiz, de 31, conocido como “D.D. Glow”, además de cinco personas heridas.
También está el caso ocurrido en el residencial Serrallés, en el Distrito Nacional, donde Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, fue atacado con un arma blanca luego de ser seguido hasta el edificio por un individuo que se desplazaba en una motocicleta, según los reportes difundidos sobre el hecho.
Son acontecimientos distintos, pero todos tienen un elemento común: ciudadanos expuestos a una violencia que no podemos permitir que termine convirtiéndose en parte de nuestra cotidianidad.
¿Y quién defiende al ciudadano?
En la República Dominicana, los derechos humanos están sustentados en la Constitución de la República, que reconoce y protege derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana, la igualdad, la libertad y la seguridad personal, principios esenciales para garantizar una sociedad basada en el respeto y la convivencia.
Pero existe una pregunta que también debemos hacernos:
¿Quién protege los derechos del trabajador que sale de madrugada a ganarse el sustento de su familia?
¿Quién protege a la madre que teme que sus hijos regresen tarde a casa?
¿Quién protege al comerciante que abre su negocio cada mañana?
¿Quién protege al ciudadano que camina por una calle y puede convertirse, sin esperarlo, en víctima de un atraco?
Los derechos humanos no pertenecen exclusivamente a una parte de la sociedad. Son de todos.
Defender la vida de una persona víctima de la delincuencia también es defender los derechos humanos.
Por eso, considero legítimo respaldar a la Policía Nacional en su responsabilidad de combatir el crimen, siempre dentro de la Constitución, las leyes y el debido proceso. Autoridad no significa abuso. Y derechos humanos no significan impunidad.
Ambas cosas pueden y deben coexistir.
La autoridad tiene que hacerse sentir
El director de la Policía Nacional, general Ernesto Rafael Rodríguez García, ha sido enfático al señalar que la institución tiene la responsabilidad de proteger la vida y las propiedades de los ciudadanos.
“Que no le quepa la menor duda a nadie, porque es nuestra responsabilidad y estamos obligados a proteger a los buenos de los malos”, afirmó el director policial.
Es una declaración que coloca sobre la mesa una realidad que no podemos ignorar: el Estado tiene la obligación de proteger a la población.
De acuerdo con cifras difundidas por distintos medios de comunicación, 21 presuntos delincuentes habrían muerto durante los últimos diez días y el acumulado durante 2026 alcanzaría los 180 casos. Estos datos deben ser contrastados con los registros oficiales correspondientes, pero reflejan la intensidad del enfrentamiento que se ha producido recientemente entre las autoridades y personas vinculadas a hechos criminales.
Y aquí también debe existir una línea clara: cada actuación policial debe ser investigada cuando corresponda y sometida a los controles establecidos por la ley. La firmeza del Estado no puede estar divorciada de la legalidad.
El crimen también utiliza teléfonos y tecnología
Hay otro problema que merece atención urgente.
Las estafas, el robo de cuentas, las extorsiones y otras modalidades de ciberdelincuencia han evolucionado. Ya no hablamos únicamente del delincuente que sale a una esquina con un arma.
También debemos mirar hacia las estructuras que utilizan teléfonos celulares, redes sociales y plataformas digitales para cometer delitos.
Y surge una pregunta que merece una respuesta pública de las autoridades correspondientes:
¿Qué está ocurriendo con el bloqueo y control de las comunicaciones desde los centros penitenciarios?
El Estado debe fortalecer los mecanismos que impidan que las cárceles puedan convertirse en centros de coordinación de actividades criminales.
La lucha contra la delincuencia moderna exige presencia policial en las calles, pero también inteligencia, tecnología, investigación financiera, ciberseguridad y controles penitenciarios eficaces.
No todo se resuelve con policías y patrullas
Ahora bien, sería un error pensar que la violencia se combate únicamente con operativos.
El psicólogo clínico y terapeuta familiar Luis Vergés ha planteado que la exposición constante a ambientes donde la violencia se normaliza puede influir en determinadas conductas, especialmente cuando existen vulnerabilidades individuales y dificultades para manejar emociones como la ira y la impulsividad.
Ese planteamiento merece atención.
La República Dominicana necesita policías preparados, fiscales comprometidos y tribunales que funcionen, pero también necesita familias fortalecidas, escuelas capaces de formar ciudadanos, comunidades seguras, oportunidades para la juventud y políticas de prevención.
Porque si únicamente perseguimos al delincuente después de que comete el delito, estaremos llegando tarde muchas veces.
El Estado no puede retroceder
La delincuencia puede intentar intimidar. Puede desafiar a las autoridades. Puede sembrar miedo, pero el Estado no puede retroceder. La respuesta debe ser firme, profesional y apegada a la ley.
No se trata de elegir entre seguridad y derechos humanos. La verdadera seguridad ciudadana consiste precisamente en proteger los derechos de todos.
El ciudadano honesto merece caminar tranquilo.
El trabajador merece regresar a su casa.
Los niños merecen crecer sin asumir la violencia como algo normal.
Y las familias dominicanas merecen vivir sin miedo.
Por eso, ante quienes pretendan convertir nuestras calles en territorio del crimen, el mensaje debe ser claro:
¡EL CRIMEN NO IMPONDRÁ SU LEY!
La República Dominicana pertenece a su gente trabajadora, a sus familias, a sus jóvenes y a todos aquellos que cada día levantan el país con esfuerzo.
