@abrilpenaabreu
Cada Semana Santa en República Dominicana deja un mismo saldo: vidas perdidas, familias rotas y una sensación incómoda de que, en el fondo, nada cambia.
Este año no ha sido la excepción.
Hasta los últimos reportes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el país acumula decenas de accidentes de tránsito, la mayoría vinculados a motocicletas, junto a intoxicaciones por alcohol que incluso alcanzan a menores de edad. A esto se suman miles de asistencias y un despliegue estatal que supera las 50 mil personas entre rescatistas, médicos, policías y militares.
El Estado responde. La pregunta es: ¿la sociedad responde?
Porque el verdadero problema no está en la falta de operativos. Está en algo más profundo y más difícil de admitir: hemos normalizado la imprudencia.
Conducir sin casco, beber y manejar, violar la luz roja, ir a exceso de velocidad, no son excepciones, son prácticas cotidianas y ahí es donde el discurso cambia.
No se trata solo de ciudadanos irresponsables. Se trata de un sistema que ha aprendido a convivir con la violación de las normas. Donde la sanción es débil, intermitente o negociable. Donde la autoridad muchas veces llega después del accidente, no antes.
El resultado es predecible, cada año se repite el mismo patrón:
más fiscalización, más despliegue, más discursos… y los mismos errores.
La estadística más reveladora no es el número de accidentes. Es que la mayoría de ellos siguen ocurriendo por las mismas causas evitables y eso tiene un costo.
Un costo humano, que no se mide solo en fallecidos, sino en discapacidades, traumas y familias marcadas para siempre.
Un costo económico, que impacta al sistema de salud, a la productividad y al propio Estado y un costo institucional, porque cada tragedia que se repite erosiona la confianza en que las cosas puedan cambiar.
Pero hay una verdad incómoda que debemos enfrentar: no hay operativo que pueda sustituir la responsabilidad individual.
El Estado puede vigilar, regular y sancionar, pero no puede conducir por nosotros, no puede decidir no beber, no puede obligarnos a respetar la vida propia y la de los demás.
Sin embargo, tampoco puede seguir tolerando la cultura de la excepción, porque mientras la imprudencia no tenga consecuencias reales y consistentes, seguirá siendo rentable y mientras siga siendo rentable, seguirá matando.
Hoy, en el cierre de esta Semana Santa, el país no necesita solo un balance de cifras, necesita una reflexión seria.
Porque al final, el mayor costo de la imprudencia no está en los números que se reportan… está en las vidas que no se recuperan.
