@abrilpenaabreu
Todo indica que el nuevo Código Penal será corregido. Probablemente los problemas señalados encuentren una solución y el texto termine ajustándose. Pero, aun si eso ocurre, queda un mal sabor de boca y una pregunta mucho más importante: ¿por qué llegamos hasta aquí?
Estamos hablando de un Código Penal que pasó cerca de dos décadas discutiéndose, revisándose y modificándose. Un proyecto que transitó por comisiones, debates, consultas y votaciones. Un texto examinado por 190 diputados, 32 senadores, asesores legislativos, equipos técnicos y, posteriormente, por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo antes de llegar al despacho presidencial.
¿Cómo es posible que, después de tantos filtros, ahora aparezcan disposiciones que requieren correcciones por supuestas ambigüedades, contradicciones o errores de técnica legislativa? Si realmente esos problemas existían, ¿por qué nadie los detectó antes?
Y si no existían, ¿por qué ahora generan tanta controversia? Eñ inconveniente no es únicamente este Código Penal. El verdadero problema es que parece convertirse en una constante: leyes que se aprueban y luego deben corregirse, normas que terminan parcialmente anuladas por el Tribunal Constitucional o reformas que requieren nuevas reformas apenas nacen.
La pregunta de fondo ya no es qué artículo debe cambiarse, sino qué está fallando en el proceso de elaboración de las leyes. Con un Congreso Nacional de 222 legisladores, además de decenas de abogados, consultores, técnicos y asesores, uno supondría que un proyecto tan trascendente llegaría prácticamente blindado desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, ocurre lo contrario.
Tal vez el problema sea precisamente ese. Existe un viejo dicho: cuando demasiadas manos cocinan el mismo plato, el resultado rara vez sale perfecto. Guardando las distancias, quizás nuestro proceso legislativo ha terminado convirtiéndose en eso: demasiados actores interviniendo, pero sin una responsabilidad claramente definida sobre la calidad final del producto.
Lo más probable es que el Código Penal termine corrigiéndose. Pero el verdadero debate no debería concluir ahí. La discusión que merece el país es otra: ¿qué cambios institucionales necesita el Congreso para producir leyes con mayor calidad técnica, menos improvisación y mayor seguridad jurídica?
Porque corregir una ley es positivo,tener que corregir casi todas las grandes leyes que aprobamos ya es un problema estructural.
