Por: Gabriel Cruz
En la República Dominicana la muerte de bebés por abortos es una cifra indeterminada, pero alarmante.
El problema se agrava cuando esos abortos son provocados por adolescentes de 12, 13 años y más. Los organismos competentes hacen un trabajo a medias. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación (MINERD) no se imparte una materia orientada a la educación sexual en adolescentes.
Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública (MSP), tampoco tiene una dependencia que las niñas puedan, ya después de embarazadas, ser asistidas. Pero, mucho menos, un organismo para la prevención, que ha sido el descuido mayúsculo.
La principal intitucion que debe enfrentar este flagelo y sus consecuencias es el “Gobierno Central”, con políticas públicas de Estado focalizadas y planificadas a orientar, educar e informar, no sólo a las niñas sino a todos los actores que las inducen, desde sus padres, amigos, maestros, líderes religiosos, medios de comunicación, sociedad en general; todos, de una manera u otra, son culpables principales.
Hay dos actores que deben ser cuaestionados en la práctica de estos abortos: médicos que vilentan el juramento hipocrático; y otros, igual o más peligrosos, que incurren de manera artesanal desde sus casas o locales improvisados.