El cartel del transporte como siempre ha conseguido su cometido, esta vez vuelve a doblarse el brazo al Estado, resulta inaceptable que haya que crear otra comisión de trabajo para estudiar algo que ya está en la ley, hay que negociar con un sector para que deje trabajar al otro.
El tema no es nuevo, el caso Uber y el sector de transporte turístico tiene meses, son muchos los casos en los que incluso las autoridades locales han participado gustosas, imponiendo multas a los taxistas de Uber que se suponía ya estaban autorizados, sin embargos estos son enviados de una institución a otra como pelotas de ping pong sin solución y dejándonos con la incógnita de quién o quiénes se benefician del desorden consuetudinario de esos padres de familias cuyos hijos parecen valer más que los del resto del país, puesto que solo a ellos se les permite operar con semejante nivel de impunidad.
¿Hasta cuando ciertos carteles económicos mantendrán a los dominicanos de rehenes?
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