Por Luis Matias : Economista
La semana pasada, tras el paso de la tormenta Melissa y los daños que dejó a su paso en gran parte del país, reflexionábamos sobre la importancia de la inversión en el campo como vía para frenar la migración hacia las ciudades. Esta migración, además de vaciar las zonas rurales, incrementa la presión sobre los servicios públicos urbanos y profundiza la desigualdad territorial.
Hoy deseo continuar con este tema, por la relevancia que reviste para nuestro país como mecanismo de redistribución del ingreso y estabilidad social. Hay que admitir que, durante décadas, el campo dominicano ha sido mucho más que el proveedor de alimentos que sostienen nuestra mesa. Ha sido, y sigue siendo, un espacio de equilibrio social, cultural y económico. Sin embargo, en los últimos años su participación dentro del Producto Interno Bruto (PIB) ha disminuido en términos relativos, lo que ha generado la percepción de que el sector agropecuario ha perdido dinamismo.
Nada más lejos de la realidad. El análisis de los datos más recientes (BCRD) demuestra que el agro no ha decrecido, sino que la economía nacional ha cambiado de escala, impulsada por el crecimiento acelerado del turismo, la construcción y los servicios. Mientras estos sectores amplían su participación en el PIB, el agro continúa creciendo a un ritmo estable, pese a la limitada inversión pública y a la ausencia de políticas estructurales que impulsen su transformación.
Entre 2018 y 2025, el valor agregado trimestral del sector agropecuario pasó de RD$52,441 millones a RD$96,720 millones, un incremento superior al 80 % en términos nominales. No obstante, su participación porcentual en el PIB se redujo de 5.3 % a cerca de 4.5 %. Esta tendencia no es exclusiva de la República Dominicana: también ocurre en economías que han diversificado su estructura productiva. La reducción relativa no implica debilidad, sino que el país está expandiendo otros sectores con mayor velocidad.
Lo importante es no confundir esta transición con una pérdida de relevancia estratégica. El campo sigue siendo la base de la seguridad alimentaria, del empleo rural y de la sostenibilidad territorial. Por ello, debe ser respaldado mediante políticas e inversiones que fortalezcan su competitividad y lo integren a las oportunidades de la economía global, especialmente en los mercados de exportación donde la República Dominicana tiene ventajas comparativas.
En cuanto a los subsectores, la agricultura explica alrededor del 70 % del valor total agropecuario y ha sido el principal motor del crecimiento. En 2018 representaba el 3.8 % del PIB, y en 2025 ronda el 3.6 %; sin embargo, su producción casi se duplicó en términos reales. Este desempeño se sustenta en la expansión de cultivos de exportación como cacao, banano, aguacate, tabaco y mango, así como en la incorporación gradual de tecnología, riego tecnificado y programas de financiamiento estatal a través del Banco Agrícola. La recuperación postpandemia también estimuló la producción local, reduciendo la dependencia de las importaciones y garantizando el abastecimiento interno, incluso durante los períodos de crisis sanitaria y disrupción logística.
Otros subsectores ganadería, silvicultura y pesca mantienen una participación estable de entre 1.3 % y 1.5 % del PIB desde 2018. Aunque no han mostrado caídas abruptas, su crecimiento ha sido más moderado y menos innovador que el agrícola.
Los productores pecuarios enfrentan altos costos de insumos, deficiencias en infraestructura de frío y limitaciones sanitarias. En tanto, la pesca continúa afectada por la sobreexplotación y la ausencia de políticas sostenibles, lo que restringe su potencial exportador. Estos subsectores requieren una estrategia de modernización tecnológica, con incentivos a la trazabilidad, la inocuidad y valor agregado, para posicionar los productos dominicanos en nichos internacionales de calidad.
El campo dominicano posee fortalezas estructurales que deben aprovecharse: su resiliencia, su capacidad de generar empleo rural y la diversificación de mercados. Estos factores explican por qué, incluso en contextos adversos, el sector agropecuario ha actuado como un ancla de estabilidad económica.
Sin embargo, los desafíos persisten. El cambio climático y la variabilidad hídrica, la dependencia de insumos importados, la infraestructura rural insuficiente y la falta de relevo generacional siguen siendo amenazas que limitan su consolidación.
De ahí la necesidad de un nuevo enfoque de política agropecuaria, sustentado en la competitividad y la sostenibilidad. Este debería orientarse a:
- Impulsar la agroindustrialización.
- Desarrollar infraestructura rural y logística para reducir pérdidas postcosecha.
- Ampliar los seguros agrícolas y los fondos climáticos.
- Promover la digitalización del campo con herramientas de información climática, trazabilidad y comercio directo.
- Fomentar la investigación y la educación técnica rural para elevar la productividad mediante innovación y transferencia de conocimiento.
Estas acciones no solo fortalecerían la producción, sino que integrarían al campo dominicano a la nueva economía digital y sostenible, garantizando que siga siendo, como siempre lo ha sido, un pilar esencial del desarrollo nacional.
