Por Jorge Lendeborg
La reciente retirada de la reforma fiscal por parte del presidente Luis Abinader y su gobierno ha dejado en evidencia la necesidad de explorar alternativas que permitan disminuir los costos operativos del Estado y aumentar los ingresos sin impactar de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la República Dominicana. Sin embargo, el reciente anuncio del aumento en los peajes, de 60 pesos dominicanos 100 pesos (aproximadamente de USD $1.00 a $1.65), ha generado reacciones polarizadas y sacado a la luz una problemática mayor: el oportunismo político frente a las decisiones de gobernabilidad.
Uno de los críticos más vociferantes ante esta medida es el senador y sindicalista Antonio Martes, quien ha recurrido a una estrategia propia del “manual de la táctica del miedo”, advirtiendo que este incremento podría derivar en un alza de los costos del transporte interurbano. Mientras se presenta como un defensor de los intereses del pueblo, resulta evidente que su oposición también busca proteger intereses particulares.
Es importante recordar que el rol de un senador no solo debe ser el de defender intereses personales o corporativos, sino el de priorizar el bien común y actuar con transparencia e integridad. Resulta cuestionable que alguien que se autoproclama defensor de las mayorías actúe más como un «chupacabra» que como un líder genuino.
Para contextualizar, consideremos un cálculo simple. Un autobús interurbano promedio transporta entre 60 y 80 pasajeros en un viaje de ida y vuelta desde el Distrito Nacional hacia alguna provincia del Este. Con paradas frecuentes para subir y bajar pasajeros, el costo adicional por pasajero debido al aumento en el peaje sería inferior a 50 centavos dominicanos. ¿Cómo puede entonces justificarse un aumento significativo en los pasajes? Este tipo de reacciones parecen más un intento de capitalizar una situación para fines propios que una preocupación genuina por los intereses del pueblo.
Comparativa de Peajes en Latinoamérica
Si evaluamos los costos de peajes en otros países de la región, queda claro que, incluso con el aumento a 100 pesos dominicanos, la República Dominicana estaría por debajo del promedio:
• Uruguay: USD $2.04 por cabina.
• México (Durango a Mazatlán): USD $28 por trayecto.
• Brasil (São Paulo a Río de Janeiro): USD $12.
• Chile (Santiago a Valparaíso): USD $3.50.
• Argentina (Buenos Aires a Mar del Plata): USD $1.80.
• México (Ciudad de México a Acapulco): USD $30.
• Perú (Lima a Arequipa): USD $5.50.
• Colombia (Bogotá a Medellín): USD $4.50.
• Costa Rica (San José a Caldera): USD $3.30.
• Panamá (Ciudad de Panamá a Colón): USD $2.50.
• Ecuador (Guayaquil a Salinas): USD $1.50.
La comparativa muestra que el aumento en el costo de los peajes dominicanos no solo es razonable, sino también necesario para garantizar el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras viales.
El debate sobre el aumento de los peajes no debe centrarse en el ruido mediático ni en las agendas personales, sino en un análisis técnico y objetivo que considere las necesidades de financiamiento del Estado y los beneficios a largo plazo para la población. Decisiones como esta deben ser evaluadas con madurez, recordando que el desarrollo y mantenimiento de las vías de comunicación son fundamentales para el crecimiento económico y social del país.
Señor senador Martes, los dominicanos merecen líderes que actúen con responsabilidad y en favor del bien común, no figuras que utilicen las coyunturas para agendas personales. El verdadero abuso es pretender lo contrario.
