Por Frank Hernández
La reducción del precio del arroz es una aspiración legítima de millones de familias dominicanas. Sin embargo, la solución no puede consistir en abrir las puertas a las importaciones sin evaluar las consecuencias económicas, sociales y productivas que esa decisión podría generar en el campo dominicano.
El arroz no es un producto agrícola cualquiera. Es uno de los principales componentes de la alimentación nacional, una fuente de empleo rural y un pilar de la seguridad alimentaria. Por eso, cualquier cambio en las condiciones de importación del cereal estadounidense debe analizarse con responsabilidad, tomando en cuenta tanto el bolsillo del consumidor como la estabilidad de quienes producen el arroz que llega diariamente a nuestras mesas.
La reciente eliminación del régimen arancelario especial que protegía al arroz dominicano frente a determinadas importaciones estadounidenses ha reabierto una discusión fundamental:
¿cómo garantizar precios accesibles sin debilitar la producción nacional?
Una competencia que debe examinarse con cuidado
El principal problema no consiste simplemente en que llegue arroz desde Estados Unidos, sino en las condiciones económicas bajo las cuales compite con el producto dominicano.
Cuando un arroz importado puede entrar con menores cargas arancelarias, su precio en el mercado local podría resultar más atractivo para los importadores, comerciantes y consumidores. Si esa diferencia se traslada a los precios de venta, los productores nacionales podrían verse obligados a reducir sus márgenes de ganancia para conservar su participación en el mercado.
La preocupación aumenta cuando se considera que los arroceros dominicanos deben enfrentar los costos de preparación de terrenos, semillas, fertilizantes, agroquímicos, combustibles, energía, maquinaria, transporte y mano de obra.
Si el arroz importado llega a un precio inferior y el productor dominicano continúa soportando costos elevados, la competencia puede producir un desequilibrio que afecte la rentabilidad de las fincas, la inversión agrícola y el empleo en las comunidades rurales.
No se trata de rechazar el comercio internacional, sino de exigir condiciones de competencia transparentes, sostenibles y compatibles con la protección de un sector estratégico para el país.
Estados Unidos también protege a sus productores
Estos instrumentos ayudan a sus productores a enfrentar pérdidas y fluctuaciones del mercado.
En 2026, por ejemplo, las autoridades estadounidenses contemplaron programas de asistencia para el cultivo de arroz y otros productos agrícolas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos también mantiene mecanismos de apoyo a la comercialización del cereal.
El productor dominicano, por su parte, necesita acceso oportuno al crédito, semillas de calidad, fertilizantes a precios razonables, asistencia técnica, mecanización y programas estatales que contribuyan a reducir sus costos.
La pregunta es inevitable: ¿puede exigirse al agricultor dominicano que compita en igualdad de condiciones con un productor que opera dentro de un sistema de apoyo público diferente?
La respuesta debe buscarse en cifras verificables, pero la diferencia entre ambos sistemas merece una discusión nacional seria.
El camino para reducir el precio: abaratar los insumos
Si el objetivo del Gobierno es que el arroz llegue a las familias a un precio más asequible, una alternativa fundamental consiste en reducir los costos de producción desde el origen.
Antes de debilitar las barreras comerciales que protegen al productor nacional, las autoridades deberían evaluar la reducción de los aranceles y otras cargas aplicables a los fertilizantes, las semillas, los agroquímicos, las piezas de maquinaria y los equipos agrícolas que necesita el sector arrocero.
También es necesario revisar los costos del transporte, el combustible, la energía, el financiamiento y los servicios relacionados con la producción.
Un agricultor que produce con menores costos tiene mayores posibilidades de ofrecer un producto competitivo sin sacrificar su rentabilidad. Esa es una vía que permite buscar un equilibrio entre el precio al consumidor y la supervivencia económica del productor.
¿Es mejor el arroz estadounidense que el dominicano?
Para muchas familias, el arroz ideal es aquel que conserva una buena textura, queda suelto después de cocinarse y ofrece un rendimiento satisfactorio en la cocina. Esas cualidades deben evaluarse con pruebas comparativas de variedades concretas, no solamente por el país de procedencia o por el precio de venta.
Por esa razón, el consumidor debe disponer de información clara sobre la variedad, el origen, el procesamiento, la calidad y las condiciones de conservación del producto que compra.
Si el arroz importado se vende a un precio inferior, pero no responde de la misma manera a las preferencias de determinados consumidores, la diferencia de precio no necesariamente representa una ventaja absoluta.
El riesgo de debilitar la producción nacional
Una apertura comercial mal acompañada podría generar consecuencias que van más allá del precio inmediato del cereal.
Si una parte importante del mercado es desplazada por importaciones, algunos productores podrían reducir sus siembras o abandonar la actividad por falta de rentabilidad. Esa posibilidad afectaría también a trabajadores agrícolas, transportistas, comerciantes de insumos, factorías y otros sectores vinculados a la cadena arrocera.
La reducción de la producción nacional podría aumentar la dependencia de proveedores extranjeros. En determinadas circunstancias internacionales, las restricciones a las exportaciones, los problemas logísticos, los fenómenos climáticos o las alteraciones de los mercados podrían repercutir en el abastecimiento y los precios.
Esto no significa que toda importación perjudique necesariamente al país. Las importaciones pueden contribuir a complementar la oferta y aliviar presiones sobre los precios. El problema aparece cuando la política comercial no considera adecuadamente sus efectos sobre la capacidad productiva nacional.
El consumidor y el productor no deben ser adversarios
Con frecuencia, el debate se presenta como si hubiera que escoger entre el consumidor que quiere comprar barato y el agricultor que necesita vender a un precio rentable. Esa oposición es engañosa.
Ambos necesitan una política agrícola inteligente. El consumidor requiere precios razonables, mientras que el productor necesita ingresos suficientes para continuar sembrando, pagar a sus trabajadores y recuperar su inversión.
Una política responsable debe combinar la reducción de los costos de producción, el fortalecimiento de la productividad, la vigilancia de los márgenes comerciales, la modernización de las factorías y una evaluación rigurosa de los efectos de las importaciones.
También corresponde al Estado estudiar los mecanismos comerciales legalmente disponibles para responder ante prácticas desleales, cuando existan pruebas y se cumplan los requisitos establecidos en los acuerdos internacionales.
Una decisión que exige visión de país
La discusión sobre el arroz dominicano no puede limitarse a determinar cuánto cuesta una libra en el supermercado. También debe incluir el empleo rural, la estabilidad de los productores, la inversión agrícola, la dependencia alimentaria y el futuro de las comunidades que viven de este cultivo.
