@abrilpenaabreu
Poner cifras sobre la mesa es el primer paso indispensable para asumir con madurez un problema estructural. Recientemente, el director del INAPA, Wellington Arnaud, recordó una realidad ineludible: producir un metro cúbico de agua puede costar entre RD50 y RD60 cuando requiere bombeo, un sistema que se utiliza para aproximadamente el 80 % de la producción de esa institución.
El planteamiento de partida es incuestionable: que el agua sea un derecho fundamental no significa que potabilizarla, impulsarla a presión y llevarla hasta el grifo de cada hogar sea un proceso gratuito.
Sin embargo, esta discusión exige una mirada de dos vías.
Por un lado, la ciudadanía tiene que despertar a la conciencia de que el agua es un recurso limitado y costoso, y que su desperdicio sistemático nos pasa factura a todos. Pero, por el otro, el Estado tiene el deber recíproco de demostrar con hechos que cada peso invertido se traduce de manera tangible en redes más eficientes, mayor cobertura, saneamiento adecuado y un servicio confiable.
No resulta equitativo construir el debate público cargando toda la presión sobre cuánto debe pagar el consumidor, mientras las pérdidas operativas del propio sistema —arrastradas por deficiencias de décadas— se quedan en un plano secundario.
A esto se suma el flanco más difícil de justificar: la República Dominicana insiste en administrar uno de sus recursos más estratégicos bajo un marco legal que data de 1962. Han transcurrido 64 años de transformaciones demográficas, urbanas y climáticas. Aunque se reconocen las proyecciones de inversión cercanas a los US$9,000 millones en los próximos 15 años para encausar el sector, la urgencia de actualizar las reglas del juego sigue pendiente.
Hagamos, pues, el debate completo.
Es necesario asumir el costo real de producir el líquido, sancionar el despilfarro y combatir las conexiones irregulares para fomentar una auténtica cultura de conservación. Pero con la misma firmeza hay que exigir planificación, eficiencia institucional y rendición de cuentas.
El agua cuesta, es cierto. Lo que la República Dominicana ya no puede permitirse seguir pagando es el alto precio de administrar su futuro con normas de hace más de medio siglo.
