@abrilpenaabreu
El video que ha indignado a la sociedad dominicana —una maestra obligando a una niña de apenas dos años a ingerir su propio vómito— no es solo un caso de maltrato infantil.
Es también una señal alarmante de algo que muchos padres sospechan desde hace tiempo: la supervisión del Estado sobre los colegios privados en República Dominicana es, en muchos casos, insuficiente o inexistente.
Durante años, distintos episodios han revelado grietas preocupantes dentro del sistema educativo privado.
Casos de bullying que terminan en agresiones físicas graves, denuncias de venta de drogas dentro de planteles, estudiantes que han ingresado armas de fuego a colegios, y tragedias como la muerte de una estudiante haitiana que falleció ahogada durante un paseo escolar organizado por su centro educativo.
Ese tipo de excursiones, de hecho, ya habían sido objeto de advertencias por parte del Ministerio de Educación debido a los riesgos que implican.
A pesar de ello, continúan ocurriendo, eso obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿Está realmente el Estado supervisando a los colegios privados o simplemente se limita a otorgar permisos y mirar hacia otro lado?
El sistema educativo dominicano establece que los centros privados deben operar bajo la regulación del Ministerio de Educación.
Sin embargo, en la práctica, muchos funcionan con amplios márgenes de autonomía.
Algunos centros internacionales, por ejemplo, ni siquiera interpretan el himno nacional dominicano, alegando su carácter extranjero o bilingüe, a pesar de que la legislación establece el respeto obligatorio a los símbolos patrios dentro del sistema educativo.
Si un colegio puede ignorar normas básicas sin consecuencias, es evidente que el problema no es cultural ni pedagógico, es institucional.
El caso reciente deja además otra señal inquietante: la lentitud de las autoridades, a varios días de haberse hecho público el video que generó el escándalo nacional, ni el Ministerio de Educación ni otras instituciones responsables han ofrecido explicaciones claras sobre la supervisión del centro infantil involucrado, SI lo intervinieron después, pero no dicen que se hará para que no siga sucediendo.
Ese silencio resulta difícil de justificar, especialmente en un país donde miles de familias se ven obligadas a recurrir a la educación privada porque perciben que el sistema público no ofrece la calidad que buscan para sus hijos.
La paradoja es evidente, los padres dominicanos pagan impuestos para financiar la educación pública, pero además deben pagar colegios privados para garantizar la educación de sus hijos.
Cuando un Estado permite que ese doble esfuerzo económico recaiga sobre las familias, al menos debería garantizar algo básico: una supervisión efectiva de los centros educativos privados.
La educación privada no puede convertirse en un territorio donde cada institución funciona según sus propias reglas, la autonomía educativa no significa ausencia de regulación.
Significa responsabilidad, porque cuando un niño es maltratado dentro de una institución educativa, el problema no es únicamente la conducta de un docente.
También es la ausencia de controles, inspecciones y protocolos que deberían prevenir que ese tipo de situaciones ocurra, este caso ha provocado indignación nacional por la crudeza del video.
Pero más allá de la indignación, debería provocar algo aún más importante: una revisión seria de cómo el Estado supervisa a los centros educativos privados en el país.
Porque cuando un sistema permite que situaciones graves se repitan una y otra vez sin consecuencias claras, lo que queda en evidencia no es solo un fallo individual.
Es un vacío institucional y cuando se trata de la seguridad y el bienestar de los niños, los vacíos institucionales nunca son aceptables.
