El Pregonero, Santo Domingo.- El abogado Eduardo Núñez sostuvo que la extinción de la acción penal en el proceso seguido contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero constituye una consecuencia jurídica inevitable debido al vencimiento del plazo máximo establecido por la ley.
Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, el jurista afirmó que el expediente supera ampliamente los cuatro años previstos en la normativa procesal penal y recordó el tiempo transcurrido desde el inicio de estos casos.
“Recuerde usted cuándo fue la primera vez que usted hizo un comentario de estos casos. Yo se lo voy a decir. Fue en el año 2020. Del 2020 al 2026 hay 6 años”, expresó.
Núñez aseguró que Donald Guerrero mantuvo durante todo el proceso una conducta de plena colaboración con las autoridades y rechazó que la defensa haya utilizado maniobras para retrasar el expediente.
“En 6 años de proceso, tanto el Ministerio Público como todos los tribunales certificaron su buena conducta procesal. De hecho, en estos 6 años no hay un solo día que se pueda acreditar con dilación de Donald Guerrero o su defensa”, afirmó.
En ese sentido, recordó que el propio Ministerio Público autorizó 19 permisos de salida del país al exministro, lo que, según dijo, demuestra que nunca fue considerado un peligro de fuga.
El abogado también cuestionó las acusaciones relacionadas con un supuesto fraude de RD$ 21,000 millones atribuido a Donald Guerrero.
“A Donald se le acusó de un fraude de 21,000 millones de pesos, que a la fecha de hoy los 21,000 millones de pesos esta administración certifica que los tiene el Banco de Reservas”, señaló Núñez, quien consideró que imputaciones de esa magnitud fueron utilizadas para construir una narrativa pública orientada a desacreditar al exfuncionario antes de que existiera una decisión judicial definitiva.
Núñez denunció además que durante años la defensa enfrentó limitaciones para acceder oportunamente a las pruebas del expediente, pese a múltiples solicitudes realizadas ante el Ministerio Público y decisiones judiciales que ordenaban la entrega de la documentación.
Afirmó que durante gran parte de la investigación las defensas estuvieron en desventaja y sostuvo que se produjeron vulneraciones al debido proceso y al derecho de defensa mientras se mantenían medidas restrictivas y señalamientos públicos contra Donald Guerrero.
El jurista advirtió finalmente que, de declararse extinguida la acción penal, podrían producirse reclamaciones posteriores contra el Estado por responsabilidad patrimonial derivada de los daños ocasionados a los imputados.
Señaló que la prolongación del proceso, las restricciones impuestas y el impacto reputacional sufrido durante más de seis años podrían dar lugar a acciones legales por perjuicios y violaciones a derechos fundamentales.
